DOCUMENTO DE POSICIÓN SOBRE CÓMO COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA EN LA UNIÓN EUROPEA

INTRODUCCIÓN

La delincuencia organizada constituye una importante amenaza para la seguridad interna de la Unión Europea y para la seguridad de nuestros ciudadanos. La delincuencia generalizada erosiona la confianza en las sociedades y las autoridades y dificulta la vida cotidiana de las personas honradas. Representa una amenaza para nuestro mercado interior, la libre empresa y el crecimiento económico. Además, causa daños financieros a la Unión y a sus Estados miembros y, por tanto, amenaza con perturbar gravemente el Estado de Derecho y, en consecuencia, el funcionamiento de nuestras democracias. 

De acuerdo con la última Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada de Europol (SOCTA), más del setenta por ciento de las redes delictivas están activas en más de tres países. Por otra parte, la violencia utilizada por las redes criminales ha aumentado en frecuencia y gravedad, con indiferencia respecto al daño causado a personas inocentes. Europol subraya que la delincuencia organizada en la Unión nunca ha representado una amenaza tan importante para los ciudadanos y nuestras sociedades como en la actualidad. Constituye, de hecho, un problema transfronterizo y un motivo de preocupación común a escala europea.

Para tener éxito en la lucha contra la delincuencia organizada y desarticular las redes criminales (incluidas las bandas, organizaciones mafiosas, clanes familiares, grupos dedicados al hurto y ladrones en general), debemos cooperar más eficazmente, tanto dentro de la UE como con diversos socios internacionales, así como con los sectores público y privado, cuando proceda, con un enfoque claro y audaz. Una interpretación común de la amenaza de la delincuencia organizada y de los fenómenos asociados, así como de las estrategias formuladas para abordarlos, resulta esencial para el éxito de la lucha contra este tipo de actividades delictivas. En este sentido, la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada debe revisarse con vistas a establecer una definición común de delincuencia organizada.

Seis de cada diez redes criminales utilizan la violencia como parte de sus actividades delictivas. La violencia se atribuye principalmente al tráfico de drogas, ya que el cuarenta por ciento de las redes delictivas se dedican al contrabando, fabricación y venta de sustancias ilícitas. El sesenta por ciento de la heroína mundial se comercializa en Europa. El mercado de las drogas sostiene una economía sumergida de miles de millones de euros. Algunos Estados miembros, como los Países Bajos, se encuentran tanto entre los principales países productores de drogas como entre los centros de importación y distribución de este tipo de sustancias más destacados para el mercado de la UE en su conjunto, ya que los consumidores de drogas se encuentran en toda la Unión. Por consiguiente, la lucha contra el comercio de drogas es una cuestión transfronteriza respecto a la que los Estados miembros tienen una responsabilidad compartida y necesitan la coordinación de la UE.

La trata de seres humanos, ya sea con fines de explotación sexual o laboral o de extracción de órganos, figura entre las principales actividades de la delincuencia organizada, con enormes beneficios a obtener por parte de los delincuentes emprendedores. Un enfoque multidimensional respecto al seguimiento del dinero, la recopilación y puesta en común de información de inteligencia, y un código penal de tolerancia cero deben constituir elementos esenciales de nuestros esfuerzos por poner fin a esta forma de esclavitud moderna.

Esta situación también arroja luz sobre el grave problema de la corrupción a todas las escalas de la sociedad en nuestra Unión. En un estudio reciente se estima que el 60 % de las redes delictivas cometen actos de corrupción. La corrupción permite a estas redes obtener información, acceder a puertos y aeropuertos e infiltrarse en ellos, así como superar los controles de los puestos fronterizos para introducir de manera ilícita drogas, armas o personas en la Unión Europea. No solo amenaza la seguridad interior de la Unión, sino también el Estado de Derecho.

Aunque la libertad de circulación es uno de los mayores logros de la cooperación europea, las redes delictivas también se aprovechan de las fronteras abiertas para llevar a cabo actividades delictivas transfronterizas. En este sentido, para salvaguardar la libertad de circulación en toda la Unión, resulta crucial abordar el problema de la delincuencia organizada transfronteriza con mayor eficacia.

Más del cincuenta por ciento de los presuntos miembros de redes delictivas en la UE son ciudadanos extracomunitarios, procedentes en su mayoría de los Balcanes occidentales, los países de Europa oriental y el norte de África. Estos datos confirman que la cooperación con terceros países debe mejorar para combatir la delincuencia organizada en su origen y garantizar la expulsión efectiva de los nacionales de terceros países que representan una amenaza para la seguridad interior de la Unión. 

El Grupo del PPE es la única fuerza política del Parlamento Europeo que puede adoptar un enfoque horizontal y multidisciplinar para combatir la delincuencia organizada y proporcionar seguridad a nuestros ciudadanos.

Un planteamiento claro y audaz respecto a la lucha contra la delincuencia organizada

«Seguir la pista del dinero»

La motivación principal que subyace a casi todas las formas de delincuencia organizada es el beneficio económico. En este sentido, un componente esencial de la política de lucha contra la delincuencia organizada debe ser garantizar que el delito no sea rentable. Sin embargo, en la actualidad, únicamente se congela en torno al dos por ciento de los ingresos procedentes de estas actividades delictivas, y el uno por ciento se confisca, lo que deja el 99 % de tales ingresos a disposición de los jefes del crimen organizado en toda Europa. Esta situación se debe en parte al acceso limitado a la información sobre los intereses financieros y los propietarios económicos, así como al también limitado intercambio transfronterizo de información. Los delincuentes también se aprovechan de la fragmentación en la aplicación de las normas de la UE contra el blanqueo de capitales entre los Estados miembros. Por tanto, las autoridades policiales y fiscales deben dotarse de mejores herramientas operativas y de investigación para «seguir la pista del dinero» y confiscar con celeridad los beneficios derivados de actividades ilegales. Las acciones decisivas para recuperar fondos, incluso mediante incautaciones preventivas y basadas en el valor de lo incautado, pueden disuadir a las redes de delincuencia organizada de cometer fraudes contra la Unión y sus Estados miembros, protegiendo así sus intereses financieros. Por otra parte, se debe promover un sólido mecanismo de coordinación entre las unidades de inteligencia financiera de la UE, con el objetivo de ampliar las normas comunes de la Unión y de procurar la ejecución plena de la normativa de la UE sobre el reconocimiento mutuo de la confiscación y el embargo de activos de origen delictivo.

Ciertos tipos de delincuencia organizada cometida por «familias» se asocia a un elevado número de fraudes en materia de prestaciones sociales. En el marco de una misma estructura de clan o familia pueden coexistir unos patrimonios elevados y la posesión de bienes inmuebles, automóviles de lujo y otros activos, y la reclamación por parte de sus miembros de dichas prestaciones. En tales investigaciones, y con la identificación de patrimonios elevados injustificados en la estructura de la familia o del clan, la carga de la prueba debe recaer generalmente en los sospechosos.

«Seguir la pista del dinero» también deberá conllevar que se persiga a los jefes de las redes delictivas, así como a los que se benefician económicamente de la corrupción, que permite a las redes delictivas servirse de rutas de tráfico ilegal hacia la UE y en el seno de esta. Actuar contra los beneficios económicos de la delincuencia debe constituir una prioridad.

Resulta evidente que las redes delictivas se sirven de diversas medidas para blanquear capitales u ocultar sus actividades ilícitas tras el funcionamiento de entidades empresariales legales. El paquete de medidas contra el blanqueo de capitales, propuesto en julio de 2021, incluye la propuesta de un nuevo Reglamento en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) y una sexta Directiva sobre LBC/LFT, además del establecimiento de la nueva Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (ALBC). La reputación de Europa se ha visto afectada en los últimos años por varios escándalos de blanqueo de capitales de gran repercusión. Ha quedado claro que el seguimiento de activos encaminado a detectar casos en los que se han adquirido activos con dinero «sucio» sigue planteando dificultades a pesar de las múltiples revisiones de la legislación relativa a la LBC. Aún no está claro cómo pueden utilizarse fondos de origen poco claro para la adquisición de activos significativos en toda la UE. Se requieren mejoras significativas en el rastreo de los titulares reales finales de las sociedades, y de los activos y otros bienes inmuebles de valor elevado, así como una mejor ejecución de los controles sobre la legalidad de los fondos utilizados y la diligencia debida con respecto al cliente. Por consiguiente, el Grupo del PPE aboga por la ejecución rápida y plena del paquete de medidas de LBCC, incluida la rápida adopción de las propuestas legislativas pertinentes, con el fin de abordar las deficiencias de la legislación vigente y reforzar en la práctica el marco de la LBC aplicado actualmente.

Las redes de delincuencia organizada abusan de manera consciente de la infraestructura administrativa legal, como los procedimientos de licitación y concesión de licencias, con el fin de promover sus actividades ilegales. Dada la ausencia de intercambios de información transfronterizos entre las autoridades administrativas pertinentes y la ejecución incoherente de las normas sobre la LBC en el conjunto de la Unión, los grupos delictivos pueden reubicar sus actividades entre Estados miembros con relativa facilidad y evitar el enjuiciamiento. En este sentido, el Grupo PPE aboga por una mayor cooperación transfronteriza de las autoridades administrativas, con el fin de prevenir y combatir la infiltración en la economía legal por parte de la delincuencia organizada, unida a la cooperación policial y judicial ya existente entre los Estados miembros.

Un registro completo y público sobre titularidad real evitaría el uso ilícito de personas jurídicas. El Grupo del PPE apoya la propuesta de la Comisión de julio de 2021 de crear una Autoridad encargada de la LBC/LFT de la UE. Exige que la futura ALBC preste asistencia a las autoridades nacionales de supervisión para mejorar la cooperación transfronteriza y el intercambio de datos, procurando así que sean más eficaces, y supervise algunas de las entidades obligadas transfronterizas del sector financiero de mayor riesgo. Además, la Unión debe garantizar la plena ejecución de las normas de la UE en materia de LBC/LFT a las criptomonedas, con el fin de evitar su posible utilización para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. El uso de criptomonedas por parte de las redes de delincuencia organizada se ha convertido en un ámbito de creciente preocupación debido a la ausencia de un marco regulador común y al nivel de anonimato que ofrecen estos productos. Si bien la cadena de bloques permite ya una buena trazabilidad de las transacciones, debemos prestar especial atención a las tecnologías empleadas para ocultar las fuentes de los fondos, así como a los intermediarios que se sitúan en la intersección entre el sistema de las criptomonedas y el sistema financiero convencional.

El uso de criptomonedas no es un problema aislado para Europa. En este sentido, el Grupo del PPE cree que la UE debería entablar y dirigir los debates sobre la creación de un marco internacional común con países de ideas afines, como los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, para combatir la utilización de criptomonedas con fines ilegales.

El fraude fiscal es un ámbito en el que el daño causado por la delincuencia organizada es especialmente significativo. El Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto de relieve deficiencias en la legislación sobre controles aduaneros y en su aplicación, lo que se traduce en una armonización, una evaluación de riesgos y un intercambio de información insuficientes en toda la Unión. Esta situación genera oportunidades para que la delincuencia organizada defraude los ingresos de la Unión y de sus Estados miembros.

Otro componente importante del fraude en los ingresos es el fraude en el impuesto sobre el valor añadido (IVA). En 2019, se estimó que la divergencia en materia de IVA ascendía a 134 mil millones de euros. El fraude del IVA, como fraude del tipo «en cascada», repercute directamente en el presupuesto de los Estados miembros, así como en los recursos propios basados en dicho impuesto y, por tanto, en la composición de los ingresos de la Unión Europea. El Grupo del PPE reitera la importancia de la digitalización y el refuerzo de la cooperación para reducir con celeridad el fraude del IVA y, en particular, el fraude del tipo «en cascada». Una mayor cooperación entre las autoridades tributarias, una mejor disponibilidad de datos, y una digitalización basada en normas y leyes comunes constituyen las únicas opciones para reducir los costes económicos relacionados con las pérdidas fiscales, que también se deben en parte a la delincuencia organizada. El Grupo del PPE cuenta con que la Comisión adopte una propuesta legislativa para modernizar el sistema del IVA, incluido el refuerzo de Eurofisc.

Para que la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión sea más eficaz, el Grupo del PPE aboga por el establecimiento de una base de datos central e interoperable a escala de la Unión en la que figuren todos los beneficiarios de subvenciones de la UE, ya que esta medida mejorará significativamente la identificación de los defraudadores y la recuperación de fondos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Las sanciones por participar en actividades de corrupción deben ser proporcionales al daño causado al Estado de Derecho en la Unión Europea, y deben disuadir asimismo la corrupción en el futuro. Se debe alentar a los Estados miembros a que aumenten las sanciones por corrupción en su legislación nacional.

Según el Barómetro Global de la Corrupción de 2021, el 32 % de los ciudadanos de la UE cree que la corrupción ha aumentado en su país. Otro 44 % cree que se mantuvo en el mismo nivel. En 2017, la Comisión Europea anunció que dejaría de elaborar el Informe de la UE sobre la lucha contra la corrupción, y explicó que el primer (y único) informe de 2014 había proporcionado la base necesaria para los futuros trabajos. Sin embargo, dado que la corrupción parece haber empeorado en la Unión Europea desde 2014, y que sigue existiendo una falta de marcos jurídicos armonizados a escala de la Unión en materia de lucha contra la corrupción, el Grupo del PPE está a favor de reintroducir dicho Informe. Es fundamental que el marco jurídico de la Unión se armonice mejor para combatir la corrupción a todas las escalas de la sociedad de la Unión. En este sentido, el Grupo del PPE aboga por que, con urgencia, la Comisión evalúe las medidas vigentes y, en caso necesario, proponga nuevas leyes.

Futuro papel de las agencias Y ORGANISMOS de la UE

Europol es una de las agencias más importantes de la Unión Europea en lo que atañe a la prevención, la respuesta y la lucha contra la delincuencia organizada. La reforma en curso del mandato de la Agencia reforzará aún más su capacidad para asistir a los Estados miembros en la lucha contra la delincuencia transfronteriza organizada, sobre todo al permitir que Europol apoye a los Estados miembros en la identificación de personas vinculadas a grupos de delincuencia organizada de alto riesgo, y al establecer normas inequívocas respecto al tratamiento de grandes conjuntos de datos. El Grupo del PPE considera asimismo que a la Agencia se le debe otorgar una función operativa ampliada, y que debe convertirse en una fuerza policial operativa. Esto exigirá un cambio de los Tratados, pero será crucial contar con una Agencia operativa que pueda iniciar investigaciones sobre delitos organizados transfronterizos que representen una grave amenaza para la seguridad interna de la Unión, y ayudar eficazmente a los Estados miembros en sus investigaciones sobre delincuencia organizada. Es esencial que Europol disponga de los recursos humanos y financieros suficientes para atender sus tareas presentes y futuras.

Es igualmente importante que Eurojust se refuerce para facilitar la investigación de las redes de delincuencia organizada y la incoación de actuaciones legales contra estas organizaciones. Actuar contra los jefes de tales redes delictivas con vistas a su desmantelamiento requerirá mayores recursos y una cooperación transfronteriza más estrecha.

La Agencia de la Unión Europea para Formación Policial (CEPOL) desempeña un papel importante al proporcionar a los funcionarios de policía los conocimientos técnicos y las competencias necesarias para afrontar los retos cambiantes que plantea la delincuencia organizada. Por consiguiente, el Grupo del PPE insta a las autoridades policiales de toda la Unión a que hagan uso de la formación impartida por la Agencia.

La Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) desempeñan funciones cruciales para investigar y perseguir los delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude, la corrupción y el uso indebido de los fondos de la Unión. En este sentido, el Grupo del PPE anima a todos los Estados miembros a participar en la Fiscalía Europea. 

El Grupo del PPE acoge con satisfacción la intención de la Comisión de reforzar el mandato del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) para garantizar que la agencia pueda desempeñar un papel más importante en la identificación y el abordaje de los retos actuales y futuros relacionados con las drogas ilegales en la UE.

Reforzar estas agencias existentes y garantizar su apoyo operativo a los Estados miembros será crucial para la lucha común contra la delincuencia organizada en la Unión. A este respecto, el Grupo del PPE pide a la Comisión que garantice la plena ejecución de los reglamentos pertinentes, que revise periódicamente el funcionamiento de la cooperación entre las agencias y los Estados miembros y, en su caso, que presente propuestas para garantizar una cooperación eficaz entre los organismos judiciales y policiales. Por otra parte, resulta esencial que las agencias dispongan de los recursos humanos y financieros adecuados para atender sus tareas.

Sentinel es una operación dirigida por Europol que tiene como objetivo abordar el fraude contra el Fondo de Recuperación de la UE para la COVID-19, y en la que participan la Fiscalía Europea, Eurojust y la OLAF. El Grupo del PPE apoya plenamente la operación para garantizar que la iniciativa NextGenerationEU avance en la tarea de asistir a los Estados miembros en la reparación de los efectos económicos y sociales negativos de la pandemia, y no a los delincuentes. Deben crearse operaciones similares para proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

La modificación de 2017 de la Directiva sobre armas de fuego incluyó, entre otras actuaciones, la adopción de disposiciones para abordar el alto riesgo de que las armas acústicas y otros tipos de armas de fogueo se conviertan en armas de fuego real. Sin embargo, los Estados miembros no han transpuesto ni han aplicado plenamente la Directiva sobre armas de fuego. El Grupo del PPE espera que la Comisión garantice la plena ejecución de la Directiva sobre armas de fuego, especialmente las disposiciones relativas a las armas de fogueo. 

Utilización de los datos

El tratamiento de datos es una parte integral del trabajo diario de los cuerpos policiales y judiciales. El marco de Prüm ha resultado ser una herramienta importante en la cooperación policial transfronteriza, ya que los intercambios automatizados de impresiones dactilares, datos de matriculación de vehículos y datos de ADN han contribuido a luchar contra la delincuencia organizada. Dada la creciente relevancia de las imágenes faciales en los análisis forenses, el Grupo del PPE apoya una ampliación del marco de Prüm a las imágenes faciales y otras categorías de datos, y acoge con satisfacción la propuesta legislativa presentada por la Comisión a este respecto. Deben fomentarse nuevos intercambios sobre las categorías necesarias y un diálogo más amplio sobre definiciones comunes.

Las redes delictivas se han mostrado flexibles para adaptar su modus operandi a las situaciones cambiantes, especialmente en el contexto de la pandemia de la COVID. Los cuerpos y fuerzas de seguridad no cuentan con la misma flexibilidad, ya que cualquier medida que adopten debe atenerse a los requisitos legales pertinentes. Los requisitos legales en los que basan su actuación las agencias policiales -y que éstas están obligadas a cumplir- deberían proporcionar la flexibilidad necesaria para abordar estos retos en transformación y anticiparse a las redes delictivas. Por este motivo, el Grupo del PPE apoya la propuesta de la Comisión de un Código de cooperación policial, ya que optimizará los instrumentos vigentes de la UE y reducirá la fragmentación del marco jurídico transfronterizo para la cooperación policial. Es fundamental que las autoridades policiales dispongan de las herramientas de investigación necesarias para combatir la delincuencia organizada transfronteriza.  En este sentido, el Grupo del PPE apoya la creación de una base jurídica para llevar a cabo redadas en el nuevo Código de cooperación policial.

La tecnología de reconocimiento facial y la inteligencia artificial se han desarrollado con rapidez en los últimos años y pueden proporcionar herramientas adicionales a las autoridades policiales para identificar y supervisar a los delincuentes y su actividad delictiva. En este sentido, el Grupo del PPE acoge con satisfacción el mandato reforzado para Europol, que facultará a la Agencia de la Unión para llevar a cabo proyectos de investigación e innovación con vistas a contribuir al desarrollo de algoritmos y herramientas específicas para la actividad policial. Es importante reforzar las capacidades de innovación propias de la Unión a todos los niveles, ya que ello reducirá nuestra dependencia del software desarrollado en terceros países y garantizará el cumplimiento de nuestras rigurosas normas legales. El uso de tecnologías digitales ha ampliado la capacidad de los delincuentes para llevar a cabo sus actividades, ya que les brindan un mayor anonimato y plantean dificultades a las fuerzas de seguridad para detectarlas.  El Grupo del PPE considera que el uso de instrumentos tecnológicos de última generación, incluida la actuación policial preventiva, debe ser posible en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, siempre que se establezcan las garantías adecuadas para asegurar el respeto de los derechos y libertades fundamentales.

En una época en la que todas las investigaciones sobre delincuencia organizada conllevan la disposición de datos, resulta esencial garantizar el acceso directo de las autoridades competentes a tales datos. Debido a la naturaleza transfronteriza de Internet, los datos pertinentes se almacenan a menudo en una jurisdicción diferente a la del lugar en el que se cometió el delito o en la que se encuentra su autor. Los tratados de asistencia jurídica mutua y la orden europea de investigación ya no satisfacen las necesidades de los cuerpos policiales en lo que se refiere al acceso a los datos, ya que los procedimientos son largos y los datos pertinentes suelen suprimirse antes de que le llegue al proveedor una solicitud de conservación o producción de los datos en cuestión. El Grupo del PPE aboga, por tanto, por una conclusión rápida de las prolongadas negociaciones sobre el paquete de medidas de pruebas electrónicas, que proporcionará a los cuerpos policiales y judiciales herramientas para obtener los datos pertinentes vinculados a un delito de una manera mucho más rápida. Tomamos nota de los debates en el seno del Consejo sobre el camino a seguir en relación con la conservación de datos, e instamos a la Comisión a presentar propuestas respecto a posibles soluciones que satisfagan las necesidades de los cuerpos policiales y judiciales, respetando al mismo tiempo la jurisprudencia del TJUE sobre esta cuestión.

Otro reto que ha de abordarse es la creciente explotación de tecnologías que potencian la protección de la privacidad, como el cifrado de extremo a extremo y el «enrutamiento de cebolla», por parte de los grupos de delincuencia organizada, con el fin de ocultar sus delitos y su identidad en Internet. El Grupo del PPE apoya medidas para reforzar la ciberseguridad y garantizar la privacidad y la protección de datos en línea. Al mismo tiempo, también creemos que debe establecerse el «principio de igualdad de armas», por lo que instamos a la Comisión a que evalúe si puede encontrarse una solución normativa que permita un acceso legal y específico de los cuerpos y fuerzas de seguridad a los datos requeridos, respetando a su vez los derechos fundamentales. Por otra parte, el Grupo del PPE insta a los Estados miembros a proporcionar a sus autoridades competentes dotaciones suficientes, incluidos instrumentos tecnológicos, conocimientos especializados y formación, para cumplir sus tareas y obtener un acceso legítimo a la información cifrada vinculada a la delincuencia organizada. En lo que respecta a la formación, las autoridades policiales también deben servirse de los conocimientos técnicos especializados de la CEPOL.  

Redes delictivas de alto riesgo

Un problema cada vez más común al que se enfrentan muchos Estados miembros es el que representan las redes delictivas de alto riesgo, en particular las organizaciones de tipo mafioso, étnicas o familiares y otras redes estructuradas, en lo que se refiere a diversos actos de corrupción, actos de violencia, tráfico de drogas, personas y armas y blanqueo de capitales. Muchas de estas redes también crean sistemas jurídicos paralelos y códigos de honor, que limitan los derechos y libertades de terceros, especialmente de las niñas y las mujeres.

Europol ha informado asimismo de las actividades de las redes delictivas de alto riesgo en la trata y la explotación de menores. La mayoría de los casos notificados tuvieron su origen en Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia. El Grupo PPE deplora el uso de menores para actividades delictivas transfronterizas, e insta a los Estados miembros a reforzar sus servicios de protección de la infancia con el fin de prevenir y detectar la contratación y explotación de menores por redes delictivas, incluidas las que constituyen clanes familiares, en lo que atañe a actividades de mendicidad, la comisión de delitos, los abusos sexuales o los matrimonios de conveniencia. Sigue siendo fundamental identificar cuanto antes a las víctimas reclutadas por las redes delictivas. La futura posibilidad de que Europol intercambie directamente información con entidades privadas para luchar contra la difusión de material sobre abusos sexuales a menores constituye un paso importante en este sentido. Además, las autoridades pertinentes de los Estados miembros han de cooperar estrechamente para contrarrestar el modus operandi de los clanes familiares, que utilizan el ámbito geográfico de su red en varios Estados miembros o incluso fuera de la UE, con el fin de rotar a los menores a efectos de facilitar la comisión de delitos y ocultar su identidad.

En este sentido, el Grupo del PPE también cree que la falta de actuaciones decisivas  sobre las prácticas de mendicidad forzada contribuye al mantenimiento de los flujos de beneficios para las redes delictivas, y amplifica un fenómeno de explotación de personas y niños vulnerables. Por consiguiente, el Grupo del PPE pide a la Comisión que presente medidas comunes para poner fin a la mendicidad forzada en la Unión.

El Grupo del PPE acoge con satisfacción la decisión del Consejo de convertir las redes delictivas de alto riesgo en una prioridad del Ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional/EMPACT para 2022-2025, ya que esta medida mejorará y reforzará la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, las instituciones y agencias de la Unión, y terceros países, en la lucha contra los delincuentes de alto riesgo. Además del apoyo que ya presta Europol a las investigaciones de los Estados miembros, debe crearse una unidad especial en el seno de esta agencia dedicada específicamente a las redes delictivas de alto riesgo, con el fin de recabar conocimientos y experiencias sobre el modo de identificar y combatir estos tipos de redes.

Además, el Grupo del PPE acoge con satisfacción que los delitos medioambientales también representen una prioridad en el ciclo de actuación de la UE/EMPACT para 2022-2025, ya que numerosas redes delictivas también participan en el vertido de los residuos químicos de la producción de drogas sintéticas y en el tráfico ilegal de residuos y de especies y plantas en peligro de extinción. En este sentido, el Grupo del PPE pide que se refuerce la vigilancia y los esfuerzos contra los delitos medioambientales. 

La delincuencia organizada contra la propiedad contribuye a generar una sensación de inseguridad entre los ciudadanos de a pie de la Unión. En un estudio encargado por el Parlamento Europeo se destaca la necesidad de adoptar un enfoque global por parte de los Estados miembros, «capaz de reducir las oportunidades delictivas y de prevenir y controlar los delitos». En este sentido, el Grupo del PPE anima a que se adopten más medidas a escala de la Unión; por ejemplo, con la creación de bases de datos comunes sobre propiedades de valor elevado, como vehículos o motores de embarcaciones, haciendo posible que las autoridades policiales y aduaneras de los Estados miembros identifiquen los bienes robados. Esto, a su vez, dará lugar a más procesos judiciales, y aumentará la sensación de seguridad entre los ciudadanos. 

La Comisión Europea ha calificado las armas de fuego como «un elemento vital de la delincuencia organizada en Europa». La modificación de 2017 de la Directiva sobre armas de fuego comprendió, entre otras actuaciones, la adopción de disposiciones para abordar el alto riesgo de que las armas acústicas y otros tipos de armas de fogueo se conviertan en armas de fuego real. Sin embargo, los Estados miembros no han transpuesto ni han aplicado plenamente la Directiva sobre armas de fuego. El Grupo del PPE espera que la Comisión garantice la plena ejecución de la Directiva sobre armas de fuego, especialmente las disposiciones relativas a las armas de fogueo. Además, el Grupo del PPE acoge con satisfacción y apoya las medidas propuestas en el Plan de acción de la Comisión sobre el tráfico de armas de fuego 2020-2025.

Control efectivo de las fronteras

Las armas, las drogas, otros bienes ilegales y los seres humanos, incluidos los niños, se introducen sistemáticamente de contrabando en la UE y constituyen los principales ingresos de diversas redes delictivas. Un control más efectivo en las fronteras exteriores de la UE, que incluya comprobaciones sistemáticas de los sistemas de información pertinentes, y en particular, del sistema de entradas y salidas y de Eurodac, resulta esencial para detectar y prevenir este tipo de tráfico ilícito y, de este modo, debilitar sustancialmente a las redes delictivas. En este sentido, es necesaria una mejor cooperación en materia de información de inteligencia entre los Estados miembros, terceros países y agencias de la UE para prevenir y combatir eficazmente el contrabando y la trata de seres humanos, también en los foros informales de intercambio de información de inteligencia.

El Grupo del PPE acoge con satisfacción la refundición del Código de Fronteras de Schengen, presentada por la Comisión el 14 de diciembre de 2021. El Grupo del PPE trabajará a favor de un Código de Fronteras de Schengen consolidado que impida de manera efectiva la entrada de nacionales de terceros países que supongan una grave amenaza para la seguridad interior o el orden público de la Unión Europea. 

El Grupo del PPE acoge con satisfacción la intención de la Comisión de actualizar la Directiva 2004/82/CE relativa a la información anticipada sobre los pasajeros, ya que se trata de una herramienta importante en la lucha contra el tráfico ilícito de personas y la trata de seres humanos, y anima a que se preste especial atención al tráfico ilícito y la trata de menores no acompañados.  El Tribunal de Cuentas identificó, recientemente, diversas deficiencias en las aportaciones de los Estados miembros, sobre todo en lo que respecta al intercambio de datos e información, lo que afecta a las operaciones de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para proteger las fronteras exteriores de la UE. Tales deficiencias han de abordarse para que la Agencia pueda ser más eficaz en el desempeño de sus tareas. Frontex es una agencia fundamental de la UE y debe reforzarse aún más, especialmente en lo que se refiere al personal, para hacer frente a la creciente presión existente en el ámbito de las fronteras exteriores. En este sentido, el Grupo del PPE apoya plenamente la creación del cuerpo permanente de esta agencia, compuesto por 10 000 personas, de aquí a 2027. Dada la creciente responsabilidad y los requisitos que debe tener la Agencia en un contexto geopolítico cada vez más complejo, la Comisión debe formular directrices para abordar estos retos en transformación, respaldando a los agentes desplegados en nuestro nombre.

Resultará esencial mejorar la cooperación transfronteriza en materia de controles fronterizos, así como la lucha contra la trata y las redes de contrabando. Es necesario mejorar la cooperación en materia de investigación, identificación y enjuiciamiento, tanto en la UE como con terceros países, con vistas a actuar contra los jefes de estas organizaciones y a imponer sanciones, lo que a su vez disuade las nuevas incorporaciones a las redes delictivas. A este respecto, el Grupo del PPE acoge con satisfacción la Estrategia de la UE en la lucha contra la trata de seres humanos (2021-2025) presentada por la Comisión, e insta a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos para luchar contra la trata y los delitos de contrabando. 

La libertad de circulación es uno de los derechos fundamentales concedidos a los ciudadanos de la Unión, y uno de los mayores logros de la Unión Europea. Proteger la libertad de circulación exige su limitación en el caso de las personas que abusan de ella. Debería facilitarse a los Estados miembros la expulsión y la prohibición de la reentrada de los ciudadanos de la UE declarados culpables de cometer delitos en el territorio del Estado miembro de que se trate. Esto requiere la modificación del Tratado, si bien es necesario evitar que los delincuentes abusen de la libertad de circulación. Por otra parte, los ciudadanos de la Unión condenados por cometer un delito en un determinado Estado miembro, como norma general, deberán cumplir la pena de prisión correspondiente en su país de nacionalidad. Esto requiere una actualización de la Decisión marco 2008/909/JAI del Consejo de la UE.

Las redes de delincuencia organizada utilizan con frecuencia documentos de viaje falsificados o alterados, como pasaportes, tarjetas de identidad nacionales, visados Schengen y permisos de residencia para introducir ilegalmente personas en la Unión Europea. Las normas de la UE adoptadas en 2019 para seguir avanzando en la armonización de los documentos de identidad y de residencia expedidos por los Estados miembros y reforzar su seguridad contribuirán a la lucha contra el fraude documental. Por otra parte, el establecimiento del registro común de datos de identidad y del detector de identidades múltiples reforzará enormemente las capacidades de la policía y los guardias de fronteras para identificar a nacionales de terceros países y detectar fraudes en materia de identidad. No obstante, se requieren medidas adicionales para disuadir eficazmente del fraude documental. Los Estados miembros deben facilitar a sus autoridades competentes recursos suficientes para identificar, prevenir y perseguir el fraude de identidad y documental. Además, los Estados miembros deben velar por que su legislación nacional establezca sanciones adecuadas, tanto para la falsificación de documentos de identidad como para su uso. El establecimiento de los nuevos sistemas europeos de información y su interoperabilidad y la revisión de las bases de datos existentes de la UE deberían culminarse de aquí a 2023. El Grupo del PPE subraya, en particular, la importancia de finalizar la revisión de la base de datos EURODAC lo antes posible.

Más allá de la acción contra la falsificación de documentos y la entrada ilegal en el territorio de la Unión, el Grupo del PPE reitera su llamamiento a poner fin a los denominados «visados de oro» y «regímenes de ciudadanía para inversores», que siguen siendo aplicados por muchos Estados miembros, ya que son utilizados con frecuencia por grupos de delincuencia organizada de terceros países para facilitar el blanqueo de capitales, la corrupción y la evasión fiscal.

Refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros y con terceros países

La cooperación transfronteriza entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados miembros ha demostrado poseer un valor inestimable durante la pandemia de la COVID-19. Con el fin de promover una cooperación más estrecha y apoyar a los agentes participantes en su puesta en práctica, debe promoverse y ampliarse el programa de intercambio para agentes de policía inspirado en Erasmus y gestionado por la CEPOL. La cooperación ya existente entre determinados Estados miembros podría aportar enseñanzas para las nuevas iniciativas de cooperación. Para otorgar visibilidad al valor añadido europeo, debe elaborarse un distintivo operativo común.

Los éxitos de la Operación «Trojan Shield» y de las investigaciones conjuntas de las policías neerlandesa y francesa apoyadas por Europol y Eurojust (que consistieron en el acceso a una red telefónica cifrada muy utilizada por redes delictivas («Encrochat»)) ponen de relieve la importancia de una cooperación policial y judicial continua y estrecha entre los Estados miembros y con diversos socios internacionales. Y, tras su retirada de la UE, con el Reino Unido.
Los intercambios de datos e información relevante entre las autoridades competentes de los Estados miembros y los terceros países pertinentes constituyen una condición previa para una cooperación eficaz en materia de prevención, detección, investigación y persecución de la delincuencia organizada transfronteriza.  En este sentido, el Grupo del PPE lamenta que la cooperación operativa entre las agencias pertinentes de la Unión, así como las autoridades nacionales competentes y terceros países, se haya visto dificultada en los últimos años. Ello se debe a que las normas y principios definidos en la legislación aplicable de la Unión en materia de protección de datos y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE han dificultado la celebración de acuerdos internacionales con terceros países en este ámbito.

 La UE necesita contar con una legislación en materia de protección de datos que tenga también en cuenta la acuciante necesidad de una cooperación más estrecha entre los Estados miembros para proteger a sus ciudadanos y la seguridad interior. Es esencial que Europol siga intercambiando datos personales con terceros países en relación con la delincuencia organizada.

Por consiguiente, el Grupo del PPE acoge con satisfacción la adopción de la primera decisión sobre el carácter adecuado de la Comisión en virtud de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal relativa al Reino Unido, en junio de 2021, ya que permite que continúen las transferencias de datos personales para luchar contra la delincuencia organizada. Tomamos nota de las negociaciones avanzadas para celebrar un acuerdo internacional, que permitirá a Europol intercambiar datos personales con Nueva Zelanda. Al mismo tiempo, lamentamos que se haya avanzado muy poco o nada en los últimos tres años en las negociaciones sobre acuerdos similares con ocho países de la región de MENA, en particular Israel.

En algunos Estados miembros, como los Países Bajos y Suecia, ha aumentado la tasa de homicidios, en particular debido al aumento del homicidio por armas de fuego. Las armas de fuego ilícitas con destino a la Unión Europea proceden principalmente de los Balcanes occidentales, Ucrania y Moldavia. Para romper este ciclo, es fundamental reforzar las capacidades operativas de las agencias pertinentes en estos terceros países y mejorar la cooperación y el intercambio de información.

Como se ha indicado, la mayoría de los miembros de redes delictivas activas en la Unión proceden de los Balcanes occidentales, Europa oriental o el norte de África. Los terceros países que forman parte de la Asociación Oriental o que poseen la condición de candidatos para convertirse en miembros de la UE deben intensificar su labor encaminada a combatir las redes delictivas y la incorporación de efectivos a las mismas. A su vez, la UE debe ayudar a los terceros países en sus acciones de lucha contra las redes de delincuencia organizada, sobre la base del principio de «más por más».

La trata de seres humanos constituye, en la gran mayoría de los casos, un delito internacional y transfronterizo, que plantea retos en relación con la detección, la investigación, la recopilación de pruebas, la jurisdicción, la extradición y la asistencia judicial mutua. Por tanto, el Grupo del PPE insta a los Estados miembros a reforzar la cooperación entre sí, así como con las agencias de la UE, y en particular, con Europol y Eurojust. En este sentido, el Grupo del PPE prevé un marco jurídico común para la transferencia eficaz de los procedimientos penales entre los Estados miembros, en concreto, para el segundo semestre de 2022. Además, el Grupo del PPE subraya que una estrecha cooperación y el compromiso con terceros países es clave para prevenir la trata de seres humanos, desmantelar las redes de tráfico y contrabando y perseguir a los responsables. El Grupo del PPE seguirá de cerca la plena ejecución del instrumento IVCDCI-Europa Global.

CONCLUSIONES

La seguridad nacional constituye la principal responsabilidad de los Estados miembros, pero las amenazas que representa para la UE la delincuencia organizada requieren una respuesta europea común. Las actividades de las redes delictivas transfronterizas representan una grave amenaza para la seguridad interior de la Unión Europea.

Una medida crucial para combatir la delincuencia organizada consiste en desarticular los modelos de negocio de las redes delictivas y conseguir que el delito nunca sea rentable. Exigirá la adopción de un enfoque global respecto al «seguimiento de la pista del dinero», con el fin de congelar y confiscar activos, y de actuar contra los jefes de tales redes. Además, la Unión tiene que intensificar su lucha contra la corrupción, ya que representa una amenaza real para el Estado de Derecho y la democracia en la Unión Europea.

Las agencias y órganos existentes, como Europol, Eurojust, la OEPP y la OLAF, desempeñan un papel fundamental en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, y asisten a los Estados miembros en sus investigaciones y actuaciones judiciales. Es esencial garantizar que las agencias y los órganos dispongan de la financiación, los recursos humanos y los marcos legislativos adecuados para desempeñar eficazmente sus funciones.

Además de las herramientas operativas y la cooperación transfronteriza para las autoridades policiales de los Estados miembros, la Unión Europea necesita una fuerza policial real, operativa y efectiva que complemente el trabajo de los Estados miembros. Deben adoptarse las leyes y reglamentos necesarios para combatir la delincuencia organizada.

Una de las tareas más importantes para la UE es salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos. El Grupo del PPE es la única fuerza política que puede proporcionar una política global de lucha contra la delincuencia organizada. Nuestro objetivo es garantizar que los ciudadanos de la Unión Europea estén a salvo de la amenaza de la delincuencia organizada y las redes delictivas.