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10.09.2020
Posición del Grupo PPE sobre la reforma de la PAC
El Grupo del PPE es y seguirá siendo la voz y el defensor de los agricultores europeos y de nuestras comunidades rurales. Consideramos que la agricultura es un sector estratégico. Creemos en una Política Agrícola Común multifuncional centrada en las explotaciones familiares en toda Europa que permita a los agricultores hacer lo que mejor saben hacer: producir los alimentos de alta calidad por los que somos famosos. Nuestro grupo político aboga por un sector diversificado y competitivo que produce alimentos seguros y de alta calidad en cantidades suficientes, al tiempo que responde a las preocupaciones legítimas de la sociedad respecto al medio ambiente, el cambio climático y el bienestar animal. Debemos abordar estos retos junto con nuestros agricultores, apoyando patrones de producción sostenibles y ofreciendo incentivos para contribuir a la consecución de los objetivos climáticos, de biodiversidad y medioambientales.
1. Arquitectura verde, presupuesto medioambiental global
El debate sobre la arquitectura verde es de gran interés para la sociedad, lo siguen de cerca los medios de comunicación y resulta muy controvertido. Por tanto, es importante encontrar un equilibrio entre las demandas sociales, el alto nivel de ambición en lo que al clima y medio ambiente se refiere, y la defensa de los intereses de los agricultores. Un presupuesto medioambiental global (PMG) tendría tal efecto equilibrador en este debate.
Como enfoque innovador, este concepto no figuró en las votaciones del Comité de 2019. Un plan estratégico nacional proporcionará un conjunto coherente, que comprenderá intervenciones y la financiación en el marco de ambos pilares. Decidir, a través del PMG, respecto a la adopción de un único porcentaje para el Plan estratégico general de la PAC dedicado a los objetivos medioambientales y climáticos es una solución lógica. Los Estados miembros podrían utilizar el PMG para contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales y climáticos del artículo 6 de un modo flexible y adaptado a sus condiciones y necesidades.
El PMG es una oportunidad para alcanzar un compromiso sobre la asignación financiera de medidas relacionadas con el medio ambiente y el clima, un aspecto que desempeñará un papel en la evaluación pública de la reforma agrícola. Otra ventaja del PMG es que la forma en que se distribuye la dotación nacional entre los dos pilares (= justicia distributiva) resulta irrelevante, ya que cada Estado miembro debe representar el mismo porcentaje global en ambos pilares.
En el PMG deben contabilizarse las siguientes intervenciones:
En aras de la simplificación, no debe haber una ponderación diferente de las intervenciones individuales. La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (BISS) no formará parte del PMG, salvo el 5 % de las tierras de cultivo en las que las características no productivas o las zonas en las que no se utilizan plaguicidas y fertilizantes sean obligatorias en virtud de la condicionalidad (las antiguas superficies de interés ecológico).
Apoyamos una cifra del 30 % para el PMG.
Para evitar el peligro de «vaciar el 2.º pilar», al menos el 30 % del gasto del pilar 2 debe dedicarse al clima y el medio ambiente. De este modo se eliminaría asimismo la necesidad de una asignación obligatoria en términos porcentuales para las intervenciones del primer pilar.
La transferencia financiera entre los dos pilares también desempeña un papel importante. El dinero transferido de los pilares 1 y 2 sigue estando libre de obligaciones de cofinanciación.
La cuestión de qué requisitos cubre la condicionalidad seguirá siendo una cuestión política muy controvertida. Elementos como la herramienta de sostenibilidad agraria para nutrientes (FAST) o un porcentaje mínimo para tierras no productivas que vaya más allá de la obligación para los agricultores ya presente con arreglo a las normas de condicionalidad deben estar cubiertos por los regímenes ecológicos.
Apoyamos un objetivo del 8 % para las superficies de interés ecológico (características no productivas o zonas en las que no se utilizan pesticidas y fertilizantes) a escala de los Estados miembros. El 5 % debe ser obligatorio para los agricultores en general, al tiempo que permite flexibilidades con arreglo a las normas de ecologización vigentes. El resto debe ser obligatorio para los Estados miembros y alcanzarse mediante incentivos.
Los Estados miembros están obligados a hacer atractivos los regímenes ecológicos para fomentar una mayor aceptación por parte de los agricultores. Los fondos no utilizados para este fin deben redistribuirse a otros Estados miembros. Si se decide no optar por un presupuesto medioambiental global, los fondos no utilizados en los regímenes ecológicos pueden ponerse a disposición para medidas medioambientales en el segundo pilar.
¿Cómo debería ser el «enfoque de menú» de los regímenes ecológicos? Para preservar y reforzar el carácter común de la PAC, debe facultarse a la Comisión para adoptar un acto delegado que establezca un catálogo de prácticas de la Unión que se atenga a las normas establecidas en el acto de base. Los Estados miembros elaborarán una lista nacional de las prácticas que pueden acogerse a los regímenes ecológicos, a partir del catálogo de la Unión antes mencionado.
El ANEXO III, en el que se establecen los requisitos técnicos que deben cumplirse bajo la condicionalidad (buenas condiciones agrarias y medioambientales y requisitos de gestión obligatorios), tal y como se aprobó en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI), debe mantenerse en lo esencial. Con el fin de mantener el carácter común de la política agrícola europea, no debe otorgarse a los Estados miembros la opción de incluir requisitos adicionales en la condicionalidad. Los requisitos más exigentes deben compensarse en los regímenes ecológicos.
Debe abogarse por la combinación de los regímenes ecológicos y la condicionalidad en el marco de los «regímenes ecológicos mejorados» en aras de la simplificación. Dado que los regímenes ecológicos poseen un mayor nivel de ambición, no es necesaria una «doble comprobación» de estas medidas en el marco de la condicionalidad.
2. La dimensión social en la PAC
Los fondos de la UE solo deben concederse a los beneficiarios que respeten las formas legales de empleo. Otros grupos quieren incluir la legislación laboral en la condicionalidad para que las ayudas de la PAC no se paguen a los agricultores que contraten trabajadores de forma ilegal. No corresponde a la política agrícola europea la ejecución de la política social nacional, que es competencia exclusiva de los Estados miembros. Por tanto, el desembolso de los fondos de la PAC no puede vincularse a la legislación laboral o social nacional. No obstante, el sector agrícola también ha de asumir la responsabilidad social de poner fin al empleo ilegal, respetar las normas laborales legales y proteger a los trabajadores temporeros. Los agricultores y las empresas agrícolas que empleen ilegalmente a trabajadores no recibirán pagos directos.
3. Clima
Apoyamos que el 40 % de la PAC se utilice para medidas relacionadas con el clima. Debe aclararse la definición. También acogemos con satisfacción las intervenciones de apoyo a la protección y restauración de humedales y turberas.
Apoyamos firmemente la idea de estimular la producción y el consumo de productos agrícolas europeos que ayuden a llevar un estilo de vida saludable, por ejemplo, instando a los Estados miembros a aplicar unos tipos de IVA más específicos para frutas y verduras, entre otros productos.
4. Resistencia a los antimicrobianos
Debemos combatir la resistencia a los antimicrobianos y facilitar la necesaria reducción del uso de antibióticos. La PAC debe ofrecer incentivos para apoyar a los agricultores en el cumplimiento de este objetivo.
La acción temprana debe recompensarse.
5. Ayudas para los pastizales
Los Estados miembros deben contar con la posibilidad de apoyar más intensamente a los pastizales, ya sea mediante los pagos del primer pilar o programas atractivos en el pilar 2, y les pedimos que examinen esta opción de acuerdo con sus objetivos climáticos nacionales. En cualquier caso, los pastizales permanentes no recibirán pagos directos inferiores a la media nacional de pagos de la BISS. Los pastizales ayudan a proteger la biodiversidad y a mitigar el cambio climático.
El apoyo debería ser menos burocrático, por ejemplo, cuando, por motivos de biodiversidad, algunas plantas coexisten en los pastos.
6. Enlace a la estrategia «de la granja a la mesa»
Los principios de las estrategias «de la granja a la mesa» y de biodiversidad deben evaluarse detenidamente. Si es posible, debe evitarse una carga administrativa adicional para los agricultores tras el acuerdo sobre la nueva PAC. Resulta más útil instar a los Estados miembros a definir adecuadamente los regímenes ecológicos y los programas del pilar 2 en su plan estratégico nacional. No obstante, si los agricultores se enfrentan a más requisitos, los Estados miembros deberán proporcionar una financiación adicional.
7. Limitación, reducción progresiva, redistribución
Para garantizar una distribución más justa de los fondos de la PAC, la Comisión AGRI se ha limitado a dos instrumentos: la reducción de pagos (en adelante denominada «limitación») y el pago redistributivo. Se ha eliminado del texto la reducción progresiva propuesta por la Comisión.
Al menos el 5 % de las dotaciones para pagos directos de los Estados miembros se asignará al pago redistributivo. Se aplicará un tope máximo respecto a los importes percibidos superiores a 100 000 EUR por explotación, tras la deducción de los gastos para regímenes ecológicos, jóvenes agricultores y el 50 % de los costes laborales.
Si se utiliza el 10 % (es decir, un 5 % más de lo obligatorio) de la dotación nacional como pago redistributivo, un Estado miembro podrá decidir no aplicar la limitación. Las ventajas del pago redistributivo son que es poco burocrático, imposible de eludir mediante la «creatividad» legal y comprensible, y beneficia a las explotaciones más pequeñas.
Apoyamos la posición de la Comisión AGRI, pero con un aumento del pago redistributivo mínimo obligatorio hasta el 7 %, y hasta el 12 % para no aplicar la limitación.
8. Agricultores activos
Debemos evitar la financiación de modelos de negocio en los que el beneficiario de las subvenciones no mantenga un vínculo específico con su explotación, excepto por los ingresos. Apoyamos el texto de compromiso que se está acordando de modo oficioso y en el que se pide que se realice al menos un nivel mínimo de actividad agrícola. Instamos a los Estados miembros a que, bajo la supervisión de la Comisión, presenten una lista negativa de los beneficiarios de pagos directos excluidos de la recepción de pagos directos. Además, cuando una explotación que se beneficie de pagos de la PAC forme parte de una estructura más amplia principalmente no agrícola, esta deberá ser transparente.
9. Planes estratégicos de la PAC, sistemas de seguimiento y control del rendimiento
Apoyamos la intención de simplificar y modernizar la PAC en beneficio económico de los agricultores, y de satisfacer las expectativas de los ciudadanos mediante el establecimiento de un diseño de programas a través de los planes estratégicos de la PAC, y la introducción de un marco de rendimiento realista basado en los resultados. Hacemos hincapié en que tales propuestas no deben dar lugar a una renacionalización parcial de nuestra política agrícola, ni poner en peligro la credibilidad financiera de los gastos de la PAC. Por consiguiente, defendemos que se las mantengan normas comunes, un conjunto de intervenciones y sistemas de control a escala de la UE para evitar distorsiones y prácticas nacionales divergentes, y garantizar la igualdad de trato entre agricultores.
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