Documento de posición del Grupo PPE sobre el aprovechamiento de la migración: Enfoque firme, justo y orientado al futuro

El Grupo PPE defiende una Europa que proteja sus fronteras y haga frente a la inmigración ilegal. Pretendemos detener la migración incontrolada para que la capacidad de Europa de integrar a quienes tienen derecho a quedarse no se vea desbordada.

La adopción del Pacto sobre Migración y Asilo supuso un paso crucial hacia una política europea de migración más controlada. Sin embargo, persisten retos que exigen nuevas medidas a escala de la UE. El Grupo del PPE seguirá siendo la fuerza motriz, dirigiendo a Europa hacia un enfoque firme, justo y orientado al futuro de la migración.

Vemos la necesidad de nuevas y audaces medidas para devolver rápidamente a quienes no tienen derecho a permanecer en la Unión, reforzar nuestras fronteras exteriores y proteger el Espacio Schengen, derrotar a los traficantes y contrarrestar la militarización de los migrantes por parte de terceros países o de agentes no estatales hostiles.

Nuestras prioridades son claras. Cumpliremos un plan de 9 puntos para superar los principales retos migratorios a los que se enfrenta nuestro continente. Estamos dando los siguientes pasos hacia una política de migración que funcione para nuestra Unión y sus ciudadanos.

La migración representa un importante reto para Europa y sigue siendo motivo de preocupación. Aunque en 2024 hemos empezado a observar una disminución del número de entradas irregulares, lo que confirma la eficacia de las políticas aplicadas y ejecutadas por el Grupo PPE, muchos Estados miembros siguen enfrentándose a una presión migratoria significativa, especialmente los que se encuentran en primera línea y a lo largo de las fronteras orientales de la UE.

En vista de ello, aunque plenamente comprometidos con un sistema de migración y asilo firme pero justo que cumpla la legislación internacional y de la UE, vemos la urgente necesidad de aplicar medidas más estrictas contra quienes deban abandonar la UE, así como de impedir la entrada de quienes no reúnan las condiciones necesarias. Las normas están para proteger a nuestros ciudadanos y, cumpliéndolas, también podemos ayudar a quienes realmente necesitan protección. Para ello, las autoridades nacionales, en particular las encargadas de hacer cumplir la ley, deben disponer de los fondos, las herramientas y la seguridad jurídica necesarios. Queremos ser firmes a la hora de equilibrar las obligaciones y los derechos de quienes residen legalmente en la UE. Queremos asegurarnos de que todos los Estados miembros tienen la capacidad y las herramientas necesarias para gestionar la migración de manera eficiente y evitar un exceso de interpretación en lo que respecta a la aplicación de la legislación de la UE.

Hasta ahora, sólo el 20% de las decisiones de retorno se ejecutan de manera efectiva, aunque el funcionamiento de las políticas de retorno es vital para gestionar la migración. Los Estados miembros deben disponer de un conjunto de herramientas jurídicas y operativas eficaces para hacer cumplir las decisiones de retorno y desalentar las llegadas y estancias irregulares, con el apoyo de medidas como garantías financieras o la detención por incumplimiento. Nuestro objetivo será facilitar la aplicación de las decisiones de retorno y evitar cargas administrativas innecesarias a las autoridades encargadas de la ejecución. Pedimos que se refuerce el papel de Frontex, permitiendo también su participación en las operaciones de retorno entre terceros países. La Comisión ha presentado una propuesta de nuevo Reglamento sobre el retorno, centrada en: el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno, la reducción de los plazos de recurso, obligaciones más estrictas para las personas que deben ser retornadas y consecuencias de su incumplimiento, procedimientos acelerados para los presuntos delincuentes, incluidos mayores motivos de detención y restricción de la libertad de circulación, mejores medidas para luchar contra la fuga, así como la limitación de los efectos no suspensivos de los recursos. Los retornos forzosos deben seguir siendo una opción creíble y las salidas voluntarias deben suprimirse cuando supongan un grave obstáculo para la ejecución efectiva de los retornos.

Las consecuencias del incumplimiento deben ser estrictas. También debe incluir la obligación de que los Estados miembros tomen todas las medidas necesarias para garantizar que las autoridades conozcan el paradero de la persona que va a ser devuelta y que ésta permanezca a disposición de las autoridades hasta que haya abandonado efectivamente el territorio del Estado miembro. Debe imponerse una prohibición de entrada en la UE a largo plazo a las personas devueltas por la fuerza, incluida una prohibición permanente e indefinida para quienes supongan una amenaza para la seguridad. Acogemos con satisfacción la propuesta de la Comisión de un marco jurídico que establezca centros de retorno fuera de la UE en consonancia con las normas internacionales y la invitamos a seguir explorando soluciones innovadoras para combatir la migración ilegal en cooperación con terceros países.

Proteger las fronteras exteriores de la UE es esencial para gestionar eficazmente la migración. Dentro de la UE y del espacio Schengen, los Estados miembros siguen siendo responsables de decidir quién entra en su territorio. Una gestión eficaz de las fronteras también implica nuestra capacidad para responder a una miríada de amenazas híbridas, entre ellas, pero no sólo, el armamentismo de los migrantes. Debemos garantizar unas fronteras exteriores más sólidas con un control más riguroso de las llegadas irregulares. Debe implantarse un control electrónico exhaustivo en todas las fronteras exteriores de la UE, respaldado por protecciones fronterizas estructurales y técnicas. Es crucial intensificar la cooperación con agencias como Frontex, Europol y Eurojust y apoyar a los Estados miembros. Frontex debe transformarse en una agencia europea de fronteras plenamente operativa y equipada con tecnologías de vigilancia avanzadas y de vanguardia, como drones, inteligencia artificial y sistemas biométricos. El despliegue de Frontex debe extenderse a las regiones ultraperiféricas, garantizando una protección integral de las fronteras. Deben alcanzarse sin demora acuerdos de cooperación con los países africanos y otros países socios. Nos comprometemos a triplicar su personal hasta alcanzar los 30.000 efectivos y a adoptar cuanto antes la legislación necesaria, incluidas las modificaciones presupuestarias. De forma coordinada, y con el apoyo de la financiación de la UE, los Estados miembros deben establecer centros regionales de seguridad fronteriza en las zonas sometidas a presión migratoria. También debemos proporcionar financiación europea para infraestructuras físicas, mejoras electrónicas de la seguridad fronteriza y otras herramientas innovadoras para la vigilancia de las fronteras. Dado el contexto geopolítico, necesitamos cambiar el paradigma, de la seguridad fronteriza a la defensa de las fronteras. En el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE deberían garantizarse nuevos recursos financieros para satisfacer todas las necesidades en este ámbito.

La inmigración incontrolada pone a prueba los servicios públicos, perturba las economías locales y fomenta las tensiones sociales, especialmente en los Estados miembros de primera línea como España, Italia o Grecia y en los Estados miembros más pequeños y geográficamente vulnerables como Chipre y Malta, con efectos también en los países de movimientos secundarios como Alemania o Francia. Las asociaciones estratégicas con terceros países son cruciales para gestionar la migración. La cooperación debe centrarse en abordar las causas profundas, mejorar el desarrollo de capacidades y la gestión de las fronteras, combatir las salidas irregulares, el contrabando y la trata de seres humanos, y facilitar los retornos. Los acuerdos alcanzados con Túnez, Egipto o Líbano nos muestran el camino a seguir. Solo el Acuerdo UE-Túnez ha dado resultados tangibles, reduciendo las llegadas irregulares a Italia en un 60% solo este año. Instamos a la Comisión a concluir las negociaciones con Marruecos y a entablar nuevas negociaciones cuando sea posible. Los diálogos estructurados, los despliegues operativos de Frontex y la financiación específica de la UE reforzarán estos esfuerzos. También deben celebrarse acuerdos con países no vecinos, como Senegal y Mauritania, para el despliegue de Frontex, fundamental para controlar la salida de migrantes irregulares hacia las Islas Canarias, la nueva puerta de entrada de la migración ilegal a Europa. Compartir la responsabilidad del rescate en el mar y la aplicación de la legislación marítima también debe formar parte de las asociaciones estratégicas, incluidos los puertos seguros para desembarcar a los migrantes rescatados. Todos los Estados implicados, incluidos los africanos, deben poner de su parte. El apoyo de la UE a terceros países debe incluir la digitalización de sus administraciones, el establecimiento de un estado civil fiable y la expedición de certificados biométricos y seguros, que nos permitan intercambiar datos biométricos en condiciones seguras. La UE debe utilizar todos los instrumentos disponibles -diplomáticos, económicos y de cooperación al desarrollo- para construir asociaciones más sólidas, eficaces y mutuamente beneficiosas. La ayuda al desarrollo debe dar prioridad a los países que muestren su compromiso con la gestión de la migración. La revisión de los mecanismos de visado debe disuadir de los abusos y prevenir las amenazas. Y también debe haber consecuencias si no hay cooperación. Los terceros países que no cooperen en la prevención de las salidas irregulares o en la aplicación de acuerdos o disposiciones de readmisión, ya sea a nivel nacional o de la UE, no deberían recibir fondos ni visados de la UE. Tales decisiones deben ser aprobadas a nivel de la UE y aplicadas de manera uniforme en todos los Estados miembros.

El Espacio Schengen es uno de los logros más tangibles de la integración europea y uno de los principales pilares del proyecto europeo. En los últimos años, el Espacio Schengen se ha enfrentado a una presión extraordinaria debido a las amenazas que plantean el terrorismo, la radicalización, la delincuencia organizada y los movimientos secundarios no autorizados de nacionales de terceros países. El Grupo PPE defiende un Espacio Schengen seguro y sin fronteras que, al mismo tiempo, reconozca el derecho de los Estados miembros a reintroducir controles temporales en las fronteras interiores como medida de último recurso, aplicada de forma excepcional, proporcionada, por una duración limitada y que se retire en cuanto dejen de existir las amenazas. No son los Estados miembros, sino las propias amenazas persistentes y evolutivas las que suponen un peligro para la integridad de Schengen. La resistencia del espacio Schengen depende de una gestión eficaz de las fronteras exteriores y de sistemas informáticos y bases de datos sólidos como el SIS y el VIS. Instamos a la rápida entrada en funcionamiento del EES y el ETIAS. La racionalización de los procesos de solicitud de visados, la digitalización y el aumento de la capacidad del personal en las regiones de alta demanda y una mejor cooperación transfronteriza son pasos importantes hacia un Espacio Schengen más seguro.

El Pacto Europeo sobre Asilo y Migración, aunque histórico, no es más que la base sobre la que debemos construir un enfoque plenamente global para gestionar la migración en todas sus dimensiones. Es un buen comienzo, pero no es suficiente. Requiere una aplicación coordinada y oportuna que refleje las distintas circunstancias de los Estados miembros y que implique y apoye eficazmente a las autoridades regionales y locales. Los sistemas de asilo armonizados deben diferenciar claramente entre quienes necesitan protección y los inmigrantes económicos. La seguridad de las fronteras exteriores y la eficacia de los procedimientos son fundamentales para garantizar un reparto equitativo de responsabilidades y la solidaridad entre los Estados miembros. Los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión, deben hacer plenamente operativa la legislación de la UE adoptada y la aplicación de la legislación vigente. Es necesario realizar a tiempo una revisión exhaustiva y utilizar plenamente el concepto de tercer país seguro para reducir el número de llegadas. Los criterios de conexión, tal y como están establecidos, no son aptos para su propósito y deben dejar de aplicarse.

Europa no es ni puede ser considerada el único destino de toda la inmigración ilegal y los solicitantes de asilo. Hay que tener en cuenta los recursos finitos y las capacidades de acogida limitadas. Asimismo, el Reglamento sobre los requisitos para el reconocimiento del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria debe actualizarse para hacer frente a una realidad diferente en las solicitudes de asilo. En el marco del mecanismo de Dublín, todos los esfuerzos deben dirigirse a ejecutar los traslados dentro de unos plazos efectivos y fiables, desincentivando así los movimientos secundarios no autorizados.

Como complemento a la aplicación del Pacto, la Unión puede establecer medidas para incentivar y apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la integración de las personas en situación legal. La integración es un proceso bidireccional que requiere que los inmigrantes aprendan las lenguas locales, respeten las costumbres y las leyes y contribuyan a la sociedad. La reagrupación familiar debe exigir una integración y una estabilidad financiera demostradas antes de su autorización. Las medidas de integración deben combatir la radicalización y las sociedades paralelas.

Más del 90% de los inmigrantes irregulares recurren a traficantes^[1]. Se ha observado que los contrabandistas y traficantes de migrantes se han vuelto cada vez más violentos, siendo un peligro para nuestros guardias fronterizos a todos los niveles y un riesgo para nuestra seguridad interior. Para desmantelar las redes de tráfico ilícito, es esencial una mayor cooperación transfronteriza, el intercambio de inteligencia y datos, el uso de tecnologías avanzadas y una mejor coordinación entre los Estados miembros y otras agencias JAI. Frontex, Europol y Eurojust deben reforzarse para apoyar mejor a los Estados miembros en la identificación, investigación y persecución de la delincuencia organizada en todas sus formas, en particular el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos, incluso con poderes de investigación no coercitivos. Asimismo, es necesario reforzar el marco jurídico para impedir la facilitación de la entrada, el tránsito y la estancia no autorizados, con umbrales más elevados para las penas mínimas, incluidos los operadores de transporte. Los contrabandistas y traficantes han encontrado en las operaciones SAR un método para explotar a las personas vulnerables, así como la jurisdicción y responsabilidad de los Estados miembros, y perpetuar sus actividades ilícitas, utilizando los esfuerzos de rescate como una herramienta para sostener sus redes criminales y poner en peligro más vidas. Todos los actores, incluida la sociedad civil, deben respetar la ley. Un Código de Conducta para las organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo operaciones de búsqueda y rescate debería garantizar el cumplimiento de la legislación internacional y, al mismo tiempo, desalentar la explotación por parte de los traficantes. Un enfoque basado en "seguir el dinero" es fundamental para desmantelar las redes de contrabando, hacer pleno uso de la AMLA y aplicar normas efectivas sobre confiscación y la inversión de la carga de la prueba. Pedimos que se revise el mandato de la EPPO para incluir en él el tráfico de inmigrantes, como parte de la delincuencia organizada.

La UE debe contrarrestar la instrumentalización y militarización de los migrantes por parte de actores hostiles. Debe disuadirse de utilizar a personas vulnerables como arma contra nosotros, ya sea para obtener beneficios económicos o políticos. Proteger nuestras fronteras contra tales acciones hostiles es también proteger los derechos humanos de los migrantes instrumentalizados. Debemos utilizar toda la capacidad de nuestra caja de herramientas, incluidas las posibilidades que ofrecen el Código de Fronteras Schengen y el Reglamento de Crisis. Las actuales normas de asilo deben adaptarse para hacer frente a los nuevos retos, a fin de evitar que los regímenes autoritarios aprovechen las lagunas jurídicas. Es necesaria una definición más exhaustiva de instrumentalización y armamentismo para combatir eficazmente estas amenazas híbridas tanto en las fronteras exteriores de la UE como dentro de sus fronteras. Deben proponerse mejores normas sobre las obligaciones de los proveedores de transporte, junto con sanciones claras en caso de incumplimiento, incluida la prohibición de operar en la UE. Además, subrayamos que es prerrogativa y obligación de los Estados miembros garantizar por todos los medios su seguridad e integridad territorial. Por lo tanto, deben contemplarse medidas extraordinarias ya consagradas en los Tratados, incluida la derogación temporal de la legislación secundaria, como el derecho de asilo cuando los inmigrantes sean instrumentalizados como armas contra la UE, los Estados miembros y nuestras sociedades. Deberían crearse Equipos de Respuesta Rápida de la UE para gestionar los intentos de instrumentalización en las fronteras inducidos por los esfuerzos de desestabilización patrocinados por los Estados.

Una migración legal bien gestionada puede ayudar a responder a las necesidades cambiantes del mercado laboral, a satisfacer las necesidades de cualificación actuales y futuras y a garantizar una economía dinámica. Sin embargo, sólo puede compensar el declive de la mano de obra nativa si los talentos y capacidades de los recién llegados son compatibles con las necesidades de los Estados miembros, ayudados por sistemas de la UE como la tarjeta azul. Las diferencias educativas, culturales y lingüísticas pueden plantear retos sociales. Para maximizar los beneficios de la migración legal, debemos combinar las políticas de atracción de talentos y las vías de migración con medidas sólidas a corto y largo plazo para apoyar la inclusión y la integración. Estos esfuerzos capacitan a los inmigrantes legales para contribuir plenamente al desarrollo y la prosperidad compartida de la UE. La migración legal debe desempeñar un papel central en el debate más amplio, incluida la cooperación con terceros países de origen y tránsito para gestionar eficazmente los flujos migratorios. En este sentido, supervisaremos las iniciativas propuestas por la Comisión Europea, como el Fondo de Talentos de la UE y las Asociaciones de Talentos de la UE, respetando al mismo tiempo la soberanía de los Estados miembros y contribuyendo a frenar la migración irregular.

La UE debe adaptar las políticas migratorias basándose en las mejores prácticas y tendencias mundiales, abordando no sólo los retos inmediatos sino también las dinámicas migratorias futuras. Nuestras dos prioridades principales deben ser detener la migración ilegal y hacer cumplir las decisiones de retorno. El protocolo Italia-Albania es un primer pero decisivo paso innovador para disuadir la migración ilegal y romper el modelo de negocio de los contrabandistas, ya que demuestra que la solicitud y tramitación de asilo en terceros países seguros como norma principal es posible. Instamos a la Comisión a seguir debatiendo sobre plataformas regionales de desembarco a ambos lados del Mediterráneo y otras soluciones innovadoras, donde los solicitantes de asilo puedan ser recibidos de forma segura, y sus solicitudes evaluadas de manera eficiente, digna y humana. Del mismo modo, la Comisión debe trabajar por la creación de centros gestionados por la UE fuera de la UE donde determinadas categorías de nacionales de terceros países sujetos a decisiones de retorno puedan ser trasladados a la espera de su expulsión definitiva (centros de retorno). La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ha sido fundamental para proteger a quienes huyen de la persecución. Sin embargo, el panorama mundial ha evolucionado significativamente desde su creación, con escenarios que la Convención no previó. Además, el concepto de protección subsidiaria ha llevado a la creación de un sistema dual que socava la eficacia del Sistema Europeo Común de Asilo y pone en entredicho la solidaridad dentro de la UE. La UE debe iniciar un diálogo sobre la adaptación de la Convención de Ginebra al mundo actual, trabajando en pro de un marco más cohesivo y global que garantice una protección sólida a los refugiados y, al mismo tiempo, atienda las preocupaciones legítimas de los Estados miembros en materia de seguridad y gestión de la migración. Este compromiso proactivo reafirmaría el compromiso de la UE con los derechos humanos y su liderazgo en la configuración de un régimen internacional de protección de los refugiados que responda a las necesidades.