El futuro de la política de cohesión

07.10.2016

El futuro de la política de cohesión

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INTRODUCCIÓN

¿Por qué necesitamos una política de cohesión, ahora y en el futuro?

El Grupo PPE apoya la política de cohesión como una política estructural que impulsa el crecimiento y el desarrollo económico en todas las regiones de la UE, en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y como un instrumento clave de la UE para invertir en la economía real. Es una expresión de la solidaridad europea, que reduce las disparidades económicas, sociales y territoriales. También es una política de interés propio europeo, genuino y común, para garantizar el crecimiento y el empleo en toda Europa, sin dejar de lado a ninguna región.

Como consecuencia de la crisis financiera y de la deuda soberana, la inversión pública ha disminuido considerablemente, por lo que los Fondos EIE y su respectiva cofinanciación nacional se han convertido en la principal herramienta de inversión pública en la mayoría de los Estados miembros, con un impacto directo en las vidas de los ciudadanos. Contribuyen de forma sostenida a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, por lo que siguen ofreciendo un valor añadido también después de 2020. Esto subraya la importancia de mantener un vínculo estrecho entre la política de cohesión y la consecución de los objetivos europeos comunes.

LA ACTUAL POLÍTICA DE COHESIÓN

Puntos fuertes: un marco político orientado a los resultados

El Grupo PPE desempeñó un papel destacado en el diseño de la política de cohesión para el período 2014-2020 y es un firme partidario de la concentración temática, que permite centrar las inversiones en objetivos y prioridades específicos que corresponden a indicadores de resultados y metas fijados específicamente para el asunto en cuestión, lo que hace de la política de cohesión una política orientada a los resultados.

Acogemos con satisfacción el uso de indicadores comunes de productividad, que aportan datos que pueden posteriormente agregarse a escala de la UE para todos los programas y, por tanto, servir de base para la información sobre las inversiones. Insistimos en la necesidad de mejorar esta información por lo que se refiere a la calidad de los datos sobre estos indicadores comunes de productividad.

El Grupo PPE hace hincapié en que la reserva de eficacia introducida en el marco actual podría mejorar la aplicación de los programas operativos de la política de cohesión, pero el calendario para su asignación debería examinarse más detalladamente.

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS

El marco reglamentario de 2014-2020 se adoptó solo a finales de 2013 debido a las prolongadas negociaciones y un acuerdo tardío sobre el MFP. En consecuencia, los programas operativos no pudieron aprobarse a tiempo y una gran cantidad de créditos de compromiso tuvieron que transferirse de 2014 a 2015, a fin de no perderlos.

Nos preocupa la lenta puesta en marcha de la aplicación de los programas operativos de la política de cohesión, lo que ha tenido repercusiones para la implementación de medidas sobre el terreno. Consideramos imperativo conocer la situación en que se encuentra la aplicación de los programas, por lo que pedimos un portal de datos abiertos mejor y más completo, actualizado en tiempo real.

El retraso en la aplicación aumenta asimismo el riesgo de que se genere de nuevo un retraso insosteniblemente elevado a partir de 2017. La aprobación de numerosos programas operativos mediante el procedimiento de prórroga y la transferencia de los créditos de compromiso no asignados de 2014 a 2015 aumenta considerablemente el riesgo de liberación de créditos en 2018.

El Grupo PPE también expresa su preocupación sobre la lentitud en la designación de las autoridades encargadas de los programas operativos, que teóricamente no está impidiendo la puesta en marcha de la aplicación, pero sí la ejecución de los pagos intermedios, que contribuyen de forma sostenida a la puesta en marcha de las inversiones.

PROPUESTAS DE MEDIDAS URGENTES

Para la segunda mitad del período de programación, y sin que ello obstaculice la planificación estratégica a largo plazo de la política de cohesión, pedimos a la Comisión que presente las propuestas legislativas adecuadas.

  • El Grupo PPE apoya la estabilidad de las normas, que solo deberían cambiarse de forma selectiva allí donde sea realmente necesario y en el momento oportuno.
  • Es preciso examinar nuevas formas de simplificación que permitan reducir la carga administrativa de las autoridades y los beneficiarios y acelerar la accesibilidad de los fondos, y para ello:
  • agilizar los trámites, reducir plazos y costes, disminuir el número de documentos de solicitud y simplificar los procedimientos de la evaluación/aprobación/contratación,
  • mejorar la cohesión electrónica,
  • reducir y optimizar las actividades de control, seguimiento y notificación en los Estados miembros, por ejemplo mediante una mayor digitalización y la normalización de los procedimientos,
  • reducir los datos y los requisitos de información impuestos a los beneficiarios en el proceso de solicitud y notificación y suavizar los requisitos de conservación de los documentos en el expediente cuando finalice un proyecto,
  • armonizar, en la medida de lo posible, las normas relativas a la financiación cruzada,
  • clarificar en mayor medida las normas del instrumento financiero,
  • aclarar cómo combinar las normas que regulan los Fondos EIE con las relativas a las ayudas estatales,
  • simplificar las normas financieras de la UE, y
  • proporcionar una distinción clara entre el fraude y los errores.
  • Los procedimientos deben contemplar cierta flexibilidad para modificar los programas operativos, a fin de incrementar la capacidad de respuesta en función de la evolución socioeconómica.
  • Los conflictos entre normas financieras nacionales y de la UE deben evitarse. Cuando surja este tipo de conflicto, debe prevalecer la reglamentación financiera de la UE.
  • El nivel de créditos de pago acordado en el procedimiento presupuestario anual debe cubrir las necesidades resultantes de los compromisos contraídos en el pasado, especialmente hacia el final del período, cuando los Estados miembros presentan más solicitudes de pago. La Comisión debería presentar un plan de pagos hasta 2023 para evitar una acumulación de solicitudes de pago pendientes.
  • Los créditos liberados por no haberse ejecutado, total o parcialmente, las medidas a que se hubieren afectado deben integrarse de nuevo en el presupuesto de la UE y la autoridad presupuestaria debe movilizarlos en el marco del procedimiento presupuestario anual.
  • Hacemos un llamamiento a la flexibilidad por lo que se refiere a la asignación de la reserva de eficacia, que debería adelantarse para los programas que hayan alcanzado sus objetivos y metas.
  • Es preciso aumentar de forma constante la capacidad administrativa; en este sentido, deben aprovecharse las soluciones funcionales y flexibles que ofrece la administración electrónica.
  • En aras de la capacitación de las autoridades regionales y nacionales, la Comisión debe desempeñar un papel más importante en materia de asistencia y asesoramiento a las administraciones de los Estados miembros, y ello mucho antes de que comience la ejecución de los programas.
  • Debe ponerse mayor énfasis en la formación del personal de las administraciones. Los jefes de los organismos liquidadores y autoridades regionales responsables de los pagos deben recibir de la Comisión una formación específica y una acreditación personal.
  • Debería reforzarse la sinergia con otras políticas e instrumentos, incluidos Horizonte 2020, el FEIE y otros instrumentos financieros, a fin de maximizar la incidencia de la inversión; se debería adoptar, como principio rector, un enfoque de «igualdad de trato» en lo que respecta a los procedimientos, p. ej. en los relativo a las normas sobre ayudas estatales.
  • La metodología de especialización inteligente debería convertirse en un modelo para la elaboración de políticas.
  • Asimismo, conviene reforzar la visibilidad de la política de cohesión. Todas las disposiciones legales en materia de información y comunicación deben aplicarse cuidadosamente, para garantizar la transparencia y la amplia difusión de los logros de los Fondos.
  • Es preciso mejorar la coherencia con el Semestre Europeo reforzando el vínculo entre la política de cohesión y las recomendaciones específicas por país, de tal forma que el gasto de cohesión siga respondiendo a las prioridades definidas en ellas. Además, la política de cohesión debe mantener el apoyo a las reformas estructurales y la asistencia técnica.

LA POLÍTICA DE COHESIÓN DESPUÉS DE 2020

El Grupo PPE defiende firmemente mantener una política de cohesión fuerte y equilibrada para después de 2020.

Ámbito de aplicación

  • El Grupo PPE insiste en que la política de cohesión posterior a 2020 debe seguir siendo una política de inversión de la UE que incluya a todos los Estados miembros y regiones de la UE. Al mismo tiempo, la futura política de cohesión debe seguir teniendo como uno de sus objetivos reducir las disparidades entre las regiones europeas y evitar otras nuevas, conforme a lo previsto en el artículo 174 del Tratado (TFUE). Reiteramos que debe buscarse un equilibrio adecuado entre estos dos objetivos complementarios.
  • Los instrumentos financieros deben adaptarse siempre a los Fondos y complementarlos, con el fin de maximizar los resultados sobre el terreno.
  • El Grupo PPE apoya la prolongación de los objetivos temáticos y opina que, aparte de los objetivos, que reflejan las prioridades políticas actuales de la UE, se necesita un objetivo territorial específico, por ejemplo para fortalecer un desarrollo rural-urbano integrado.
  • La clasificación de las regiones utilizada en la futura política de cohesión debería seguir siendo el nivel NUTS II, sin que ello excluya la posibilidad de utilizar la clasificación NUTS III para algunas prioridades específicas.
  • El sistema actual de categorías de regiones (menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas) debe mantenerse. La creación de la categoría «regiones en transición» ha demostrado su pertinencia. Esta categoría debe mantenerse. Instamos al mismo tiempo a que se establezcan indicadores más precisos para medir los resultados.
  • El porcentaje correspondiente a la política de cohesión en el presupuesto total de la UE debe mantenerse en el futuro.

Gestión compartida

  • El Grupo PPE respalda un enfoque reformado de gestión compartida para los Fondos EIE en el período posterior a 2020 y pide a los Estados miembros una mayor flexibilidad por lo que respecta a los cambios en los programas operativos y un tratamiento diferenciado de los programas operativos conforme a los criterios de riesgo relevantes.

Simplificación

  • A fin de reducir la carga administrativa, aumentar la seguridad jurídica y aprovechar plenamente el potencial de la política de cohesión como una política con resultados concretos, el Grupo PPE solicita:
  • la adopción oportuna de todas las normas sobre gestión y control antes del inicio del nuevo período de financiación,
  • un «no» claro y jurídicamente vinculante a todo efecto retroactivo de la nueva normativa incluida la aplicación de las orientaciones de la Comisión,
  • el mantenimiento de las normas sobre gestión y control en toda la duración de los períodos de financiación. El cambio continuo de normas cada siete años da lugar a incertidumbre, retrasos y errores,
  • limitar las normas de la UE, que deben ser muy claras y fiables, a lo que es necesario para alcanzar los objetivos de la política de cohesión. El papel del legislador debe reforzarse, y la Comisión claramente debe publicar menos normas y directrices.

Un presupuesto basado en los resultados

  • El Grupo PPE aboga por seguir avanzando en la naturaleza orientada hacia los resultados de la política de cohesión, persistiendo en el método de trabajo de la concentración temática. Los programas y proyectos deben alcanzar las prioridades y los objetivos políticos con mayor potencial multiplicador, con el fin de ofrecer el máximo valor añadido para el crecimiento y el empleo, así como para la cohesión económica, social y territorial.
  • En la evaluación de la admisibilidad de los proyectos, se dará prioridad a los que cubran aspectos de desarrollo económico combinados con elementos sociales y territoriales.
  • Deben mantenerse los indicadores comunes de productividad para los Fondos, para que los resultados puedan ser visibles y fáciles de demostrar.
  • Cualquier excedente procedente de la infrautilización del presupuesto de la UE o las penalizaciones debe presupuestarse como ingresos adicionales en el presupuesto de la Unión. Las liberaciones de créditos resultantes de no haberse ejecutado total o parcialmente las acciones a que estaban afectados deben integrarse de nuevo en el presupuesto de la UE. El Grupo PPE pide a la Comisión que presente las propuestas legislativas pertinentes a tal fin.
  • La política de cohesión debería ser más horizontal. La especialización inteligente debe ser el principal mecanismo del proceso de cohesión, facilitando la cooperación entre regiones más desarrolladas y menos desarrolladas y entre zonas urbanas y rurales, y por tanto la integración de la UE.
  • Es preciso garantizar una mayor complementariedad en la ejecución de los fondos de la política de cohesión y las inversiones de Horizonte 2020 en todas las regiones, respaldando una absorción impulsada por la innovación, con vistas a conseguir un fuerte crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la UE.
  • Debemos evaluar los resultados, incluido el aumento del PIB basado en la financiación de la UE, y adoptar las medidas necesarias.

Aplicación — flexibilidad y disciplina

  • El Grupo PPE está a favor de una sólida gestión financiera. Debe garantizarse la flexibilidad en la ejecución de los Fondos en gestión compartida, pero los Estados miembros deben asumir una mayor responsabilidad en cuanto a la manera en que se gastan los fondos de la UE. El éxito de la gestión compartida no solo depende de la UE, sino también, en particular, de los esfuerzos realizados por los Estados miembros. Por tanto, solicitamos que se presenten «declaraciones nacionales» para garantizar que las autoridades nacionales y regionales asumen su responsabilidad política en la gestión de los fondos de la UE.
  • Se necesita una clara distinción entre errores, irregularidades y fraude deliberado, y la Comisión debe asegurarse en todo momento de que se recuperen las cantidades abonadas indebidamente, respetando el principio de proporcionalidad.
  • Pedimos a la Comisión que introduzca un sistema de presentación de informes de los Estados miembros sobre la situación de las operaciones apoyadas por los Fondos EIE, transcurridos cinco años desde la realización de los proyectos.

Instrumentos financieros

  • Los instrumentos financieros pueden ofrecer soluciones a algunos desafíos pero no pueden constituir el único método de aplicación de la política de cohesión, ya que algunos proyectos necesitan más bien subvenciones. El Grupo PPE aboga por un equilibrio adecuado entre ambos. Los instrumentos financieros deben promoverse cuando tienen un valor añadido, pero es esencial mantener una variedad de instrumentos para todas las regiones (independientemente de su categoría), de modo que puedan seleccionarse los procesos de aplicación más eficaces y que mejor responden a las prioridades y necesidades.

Calendario de las nuevas propuestas de la Comisión

  • La preparación de los nuevos Reglamentos de la política de cohesión debe finalizarse con la suficiente antelación, a fin de evitar retrasos en la aplicación de la nueva política. El Grupo PPE insta a los colegisladores y a la Comisión a que velen por que se adopten antes de que finalice 2018.
  • En el contexto de la duración del MFP, el carácter plurianual de la política de cohesión ha de tenerse en cuenta, garantizándose bien un mantenimiento del período de siete años, bien un período de programación de cinco+cinco con una revisión intermedia clara.

Otras recomendaciones para la futura política de cohesión

  • En la actualidad se utiliza el PIB como indicador para la asignación de los fondos. Para el nuevo período de programación debe contemplarse la posibilidad de tomar en consideración un mayor número de indicadores.
  • El empleo, la inclusión social, hacer frente al reto demográfico y el apoyo a la economía circular también deben ser prioridades de la política de cohesión. Las acciones y la financiación para combatir el desempleo juvenil en las regiones vulnerables son más necesarias que nunca.
  • Los fondos destinados a la Cooperación Territorial Europea se han fijado en el 2,8 % para el período 2014-2020. Teniendo en cuenta su valor añadido, esta cantidad debe incrementarse.
  • Las medidas específicas para las regiones ultraperiféricas deben mantenerse.
  • El Grupo PPE apoya la sólida dimensión urbana de la política de cohesión. Los municipios y ciudades de Europa pueden dar una mejor respuesta, más directa, a muchos de los retos económicos, sociales o medioambientales. La futura política de cohesión debe reforzar su apoyo directo a los gobiernos locales mediante un refuerzo de la financiación e instrumentos de desarrollo territorial adaptados.