Posición del Grupo PPE sobre los Derechos de la Infancia

I. Introducción

«[...] la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño [...]».

Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea.

Los derechos de la infancia son derechos humanos: derechos que la Unión y los países que la integran deben respetar, proteger y cumplir. Han transcurrido treinta años desde que la Convención sobre los Derechos del Niño (en lo sucesivo, «la Convención») se firmó en Nueva York en 1989 y entró en vigor en 1990. Aunque han ratificado la Convención ciento noventa y cuatro Estados, entre ellos todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE), muchas de sus aspiraciones siguen sin hacerse realidad. Suscribimos el principio, reconocido y destacado en la Convención, de que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.

En muchas partes del mundo, también en los Estados miembros de la Unión, se siguen violando o ignorando los derechos de la infancia. Los menores siguen siendo víctimas de violencia, maltrato, pobreza y exclusión social. Siguen sufriendo discriminación por motivos de religión, discapacidad, género, orientación sexual, origen étnico, separación transfronteriza, la condición jurídica o el nivel de bienestar. El Grupo del Partido Popular Europeo (Grupo PPE) se enorgullece de ser un defensor y guardián de los derechos de la infancia y, por tanto, se esfuerza de manera constante por mejorar la protección y la participación de los menores. A partir de una propuesta de Resolución común elaborada en 2014 tras una iniciativa del PPE, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea que presentara una estrategia sobre los derechos de la infancia, que incluyera un plan de acción concreto. Por fin ha llegado ese momento.

La futura Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia proporcionará el marco de actuación para que la Unión promueva y proteja más eficazmente los derechos de los menores. Contendrá un conjunto de medidas para que las aplique la Unión y que, entre otras cosas, abordarán: los derechos de los menores más vulnerables, los derechos de la infancia en la era digital, la prevención y lucha contra la violencia, y la promoción de una justicia adaptada a los menores. También incluirá recomendaciones de actuación dirigidas a otras instituciones de la Unión, los países de la Unión y las partes interesadas. El Grupo PPE acoge favorablemente la futura Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia, pero subraya la importancia de los ámbitos de actuación que se exponen a continuación y la necesidad de elaborar herramientas innovadoras para proteger a los menores y sus derechos, actuando no solo en su nombre, sino en colaboración con ellos. Además, pedimos a todos los Estados miembros que encarguen de forma específica a un organismo del sector público que mida los efectos de la legislación nacional y regional relativa a los menores, y que promueva en general los derechos de la infancia en las políticas públicas.

II. Protección de los derechos de la infancia en la legislación de la Unión Europea: protección del interés superior del menor

1. Legislación de la Unión Europea adaptada a los menores

La Comisión Europea, antes de proponer una nueva iniciativa y una revisión de las iniciativas vigentes, evalúa la necesidad de que la Unión adopte medidas y las posibles repercusiones económicas, sociales y medioambientales de las opciones de actuación alternativas, utilizando a tal efecto mecanismos de evaluación de impacto.

Consideramos que una «prueba de los derechos de la infancia» constituiría un activo extraordinario para la legislación de la Unión, al igual que la denominada «prueba de las pymes». Esta prueba podría utilizarse como instrumento en el marco de las evaluaciones de impacto, cuyo objetivo es racionalizar y reforzar las medidas en favor de los derechos de la infancia. Al igual que la prueba de las pymes, que se elaboró para «evaluar rigurosamente la incidencia sobre las [pymes] de las futuras iniciativas legislativas y administrativas [...] y tomar en consideración los resultados pertinentes al elaborar propuestas», la prueba de los derechos de la infancia podría constar de varias etapas:

• consulta de las partes interesadas, en particular el mecanismo de participación de los menores;
• determinación de los ámbitos afectados;
• medición de las repercusiones en los menores;
• evaluación de mecanismos alternativos.

Dado que toda la legislación de la Unión puede influir de manera directa e indirecta en las vidas y el bienestar de nuestros ciudadanos más jóvenes, la inclusión de una prueba de este tipo en el contexto de la evaluación de impacto ofrecería la oportunidad de definir y proporcionar medidas que ayuden a promover y proteger los derechos de la infancia. Si se utilizaran datos recientes, comparables y de calidad desglosados por género y edad, se podría garantizar que la futura legislación de la Unión respetara los compromisos de la Convención de las Naciones Unidas. Además, una revisión y actualización del marco de indicadores de la Unión podría ayudar a que se incluyeran indicadores centrados en la infancia.

2. Hacia un sistema judicial adaptado a los menores

El interés superior del menor debe ser siempre la máxima prioridad en los asuntos relacionados con su salud y bienestar, ya sea un asunto de custodia, una ruptura familiar, litigios relacionados con la residencia —en particular, cuando afecten a menores de terceros países—, menores nacidos en familias lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer, u otras cuestiones relacionadas con el bienestar del menor. Aunque el Derecho de familia sigue siendo competencia de los países de la Unión Europea, la Unión puede legislar si hay implicaciones transfronterizas con un procedimiento legislativo especial vigente. Esta situación adquiere especial relevancia en el período posterior al Brexit, cuando se trata de garantizar la continuidad del interés superior del menor en la custodia y la manutención, en particular cuando uno de los progenitores vive en la Unión y otro en un tercer país.

Todos los conflictos familiares son causantes de estrés y afectan a las emociones, pero los asuntos transfronterizos tienen, por añadidura, un carácter más delicado y más difícil desde el punto de vista jurídico. Por eso se necesita una mayor sensibilización de la población sobre estas complejas cuestiones, en particular los casos transfronterizos de custodia, la ejecución transfronteriza de los derechos de visita y las obligaciones de alimentos, o los procedimientos sobre la sustracción transfronteriza de menores, incluida la claridad sobre los derechos y deberes de los progenitores y los derechos de los menores en cada país. La mejora de los servicios nacionales podría conllevar una más eficaz protección del interés superior del menor, en estrecha colaboración con la Unión.

En los asuntos de este tipo, la mediación podría ayudar a evitar tensiones contenciosas en los procesos judiciales complicados. Las salas especializadas de los sistemas jurisdiccionales nacionales en materia de familia, con la ayuda de los organismos de mediación, podrían contribuir a acelerar la tramitación de estos asuntos familiares de carácter multinacional y transfronterizo.

Los asuntos transfronterizos también suponen un reto jurídico debido a las diferencias en los requisitos de edad mínima entre los Estados miembros, que pueden dar lugar a que un menor reciba un trato distinto en función de criterios de edad divergentes. Las diferencias en la terminología de los distintos Estados dificultan a menudo la tipificación de los delitos transfronterizos. Por esta razón, el Grupo PPE pide a la Comisión Europea que defina los problemas relacionados con las diferencias terminológicas.

El derecho a ser oído (también como ejercicio efectivo de los derechos de participación del menor) es un derecho de principio definido en la Convención. De acuerdo con su artículo 12, los menores tienen derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que les afecten, y sus opiniones deben tenerse debidamente en cuenta en función de la edad y madurez del niño. Este derecho se aplica igualmente a la participación de los menores en asuntos sociales y políticos, así como en procedimientos judiciales y administrativos. Como principio general, el derecho del menor a ser oído refleja el concepto de «capacidad de acción» de los menores, que considera a estos no solo como personas vulnerables que necesitan una protección especial, sino también como responsables de tomar decisiones informadas, titulares de derechos y miembros activos de la sociedad. Por tanto, la voz del menor debe escucharse en todas las situaciones, siempre que sea posible. Debemos hablar por, sobre y con los menores. El brote de la pandemia de COVID-19 ha generado obstáculos en el acceso de las partes a la justicia, y para derribarlos es necesario que los poderes pertinentes den una respuesta proactiva. Para garantizar el cumplimiento de los requisitos procesales establecidos, es preciso eliminar las barreras que dificultan el respeto de las garantías procesales y el acceso a la justicia.

En 2016, en su Resolución sobre la protección del interés superior del menor en toda la Unión, el Parlamento Europeo recordó que el gran número de peticiones recibidas en relación con casos relativos a menores refleja un problema importante en la aplicación del Reglamento Bruselas II bis. El Parlamento Europeo también consideró que todos los sistemas de protección de la infancia deberían estar dotados de mecanismos transnacionales y transfronterizos que tengan en cuenta las especificidades de los conflictos transfronterizos. Corresponde al Parlamento Europeo garantizar que su trabajo legislativo y no legislativo está fundado debidamente con el fin de respetar, fomentar y salvaguardar los derechos de los menores y promover el avance de la vida de los menores tanto dentro de la Unión como en sus relaciones con el mundo exterior.

El Grupo PPE insta a los Estados miembros a que se comprometan a crear un sistema judicial adaptado a los menores que tenga en cuenta, en la mayor medida posible, la situación y las necesidades específicas del menor (que sea víctima, testigo o delincuente) durante el procedimiento. Para contrarrestar el estrés y el trauma que puedan sufrir los menores que han sido víctimas de un delito, es especialmente importante que las audiencias estén dirigidas por personal especializado y que se facilite a los menores un apoyo psicológico eficaz. Toda decisión sobre la situación del menor debe explicarse con claridad, en particular lo que dicha situación entraña para el menor. El Grupo PPE pide a los Estados miembros que prevean directrices prácticas, una formación adecuada para todos los profesionales que trabajan en contacto con menores, como, por ejemplo, el personal docente, el personal educativo de las guarderías, las profesiones jurídicas y médicas, y una formación obligatoria para los fiscales de menores y los jueces de los tribunales de familia. El Grupo PPE también pide a la Comisión que siga facilitando a los profesionales de la Justicia formación en materia de Derecho de familia transfronterizo de la Unión, en especial en vista de las nuevas normas sobre casos transfronterizos de custodia y sustracción de menores establecidas en el Reglamento Bruselas II bis, que entrará en vigor a mediados de 2022. Asimismo, alentamos a que se faciliten servicios de traducción para garantizar que todos los menores puedan expresarse de una manera más cómoda. Resulta fundamental mantener una actitud proactiva para mostrar a los jóvenes miembros de la población que existe un sistema judicial adaptado a los menores. El Grupo PPE pide a todos los Estados miembros que velen por que sus ciudadanos jóvenes dispongan de acceso a esta información de una manera adaptada a los menores, teniendo en cuenta cualquier discapacidad que pueda dificultar dicho acceso.

3. Lucha contra la violencia: integridad física y derecho a crecer en un entorno saludable

Con el objetivo de reforzar la protección de los derechos de los menores y su bienestar, al preparar y adoptar una nueva estrategia sobre los derechos de la infancia debemos tener en cuenta la cuestión del derecho de los menores a la integridad física. En particular, este esfuerzo debe implicar la adopción de medidas encaminadas a combatir todas las formas de violencia contra los menores, en particular la violencia física, sexual, económica y psicológica, prestando la debida atención a la perspectiva de género. Los menores se ven afectados de forma directa o indirecta por la violencia doméstica, que se ha agravado durante la pandemia de COVID-19. En el contexto del aislamiento en el hogar, la práctica del teletrabajo, el cierre de los centros escolares y la inseguridad financiera, se ha observado que, por lo general, las relaciones familiares se ven sometidas a tensiones cada vez mayores, lo que agrava la vulnerabilidad de los menores y las mujeres. El Grupo PPE defiende el uso de centros de contacto de calidad cuando sea necesario, como, por ejemplo, en situaciones de violencia doméstica, que permitan a las familias reunirse en un entorno controlado en presencia de un asistente social.

Los menores siguen sufriendo malos tratos, abandono y acoso, incluido el ciberacoso. El abuso sexual de menores, en particular la distribución de material de pornografía infantil y prostitución infantil, da lugar a una mayor victimización, especialmente entre las niñas y las jóvenes. Es necesario que los adolescentes reconozcan los derechos que les asisten en este ámbito, en particular en relación con el consentimiento. El Grupo PPE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores», pero está convencido de que la nueva estrategia debe examinar detenidamente todas las formas de violencia contra los menores y garantizar la integración de los derechos de la infancia a través de las medidas legislativas y no legislativas presentes y futuras. También debe permitir una estrecha cooperación entre los Estados miembros de la Unión y terceros países y una respuesta coordinada en la cooperación policial y judicial por medio de Europol y Eurojust. Para hacer frente a los obstáculos en la lucha contra la trata de menores, es necesario disponer de más datos. Por tanto, el Grupo PPE pide que se establezca una cooperación más estrecha entre los poderes estatales y la sociedad civil, las administraciones municipales, las entidades relacionadas con la Iglesia y otros agentes similares. Además, es fundamental dar una respuesta coordinada y transnacional en la cooperación policial y judicial. Un conocimiento más completo y una respuesta coordinada permiten detectar a las víctimas en una fase temprana para proporcionarles una asistencia jurídica que garantice sus derechos legales. La detección temprana es imprescindible para acabar con la dependencia entre el depredador y la víctima. El Grupo PPE tiene tolerancia cero con cualquier forma de violencia ejercida contra los menores y promueve la participación de estos en las decisiones que les afectan. Estamos decididos a actuar no solo en nombre de los menores, sino con su aportación y perspectiva para garantizar su plena protección.

4. Los menores en el entorno en línea

En mayo de 2012 la Comisión Europea estableció la Estrategia Europea en favor de una Internet más Adecuada para los Niños, con el fin de dotar a los menores de las competencias y herramientas digitales que necesitan para disfrutar plenamente de acceso en línea, garantizando al mismo tiempo su seguridad. La estrategia también pretende desarrollar el potencial del mercado para los contenidos interactivos, creativos y educativos en línea. Sin embargo, en un entorno en línea que evoluciona con tanta rapidez, ocho años son toda una vida, y ha llegado el momento de elaborar una nueva estrategia, que tenga en cuenta los últimos avances tecnológicos. Así pues, la nueva Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia debe proponer una serie de medidas y tener en cuenta las enseñanzas extraídas del aumento que ha experimentado el aprendizaje electrónico durante la pandemia de COVID-19. Estos últimos meses han acelerado la tendencia ya existente de trasladar las actividades de nuestros menores a una realidad en línea. La alfabetización digital de todos los menores es fundamental para que naveguen por internet con la mayor seguridad posible.

Las principales conclusiones del informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de 2017 sobre los niños en un mundo digital[1] ponen de relieve que un número mayor de pruebas empíricas revelan que los niños están accediendo a internet a edades cada vez más tempranas. En algunos países, los niños menores de quince años tienen la misma probabilidad de usar internet que los adultos mayores de veinticinco años. Aunque la conectividad puede cambiar las reglas del juego para algunos de los niños más marginados del mundo, ayudándolos a desarrollar su potencial y a romper los ciclos intergeneracionales de pobreza, la tecnología digital también puede hacer que los niños sean más susceptibles de sufrir daños tanto en línea como fuera de línea. Los niños vulnerables pueden correr un mayor peligro de sufrir algún tipo de daño debido a problemas en línea concretos, incluida la pérdida de privacidad. El Grupo PPE pide a la Comisión que proponga salvaguardias más contundentes para frenar el mal uso de los medios sociales, especialmente en el caso de los menores que acceden a las plataformas sin supervisión. El Grupo PPE pide a la Comisión que proponga un marco de protección de los consumidores más sólido para los menores, sobre todo en lo que se refiere a las microcompras, las compras dentro de los juegos y la publicidad conexa, y, en particular, en el contexto de la pandemia actual y de los períodos más prolongados los menores que pasan en línea.

La lucha contra el abuso sexual de menores constituye una prioridad para el Grupo PPE. Tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han pedido que se adopten más medidas concretas, elaboradas en colaboración con las plataformas tecnológicas y el sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. El Grupo PPE pide, además, a las empresas tecnológicas que garanticen una cultura de salvaguardia para sus usuarios finales. La «Estrategia de la UE para una lucha más eficaz contra el abuso sexual de menores» establece una respuesta exhaustiva a la creciente amenaza que representa dicho abuso sexual tanto en línea como fuera de línea, mejorando la prevención, la investigación, la denuncia adaptada a los menores y a su edad y la asistencia a las víctimas. El Grupo PPE insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que tipifiquen como delito la captación de menores en línea, el ciberacoso, el reclamo de menores en línea y el intercambio de imágenes íntimas y explícitas sin consentimiento.

El Grupo PPE está convencido de que la estrategia es solo el principio y de que se necesitan propuestas legislativas concretas para luchar eficazmente contra el abuso sexual de menores, como, por ejemplo, una propuesta que exija a los proveedores de servicios en línea pertinentes que detecten el material conocido de abuso sexual de menores y los obligue a informar de dicho material a los organismos del sector público. Hay que detectar y subsanar las lagunas legislativas, para que la protección de datos no se convierta en protección de los delincuentes.

El Grupo PPE acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de garantizar la completa aplicación y el pleno cumplimiento de la Directiva contra los abusos sexuales de los menores (2011/93/UE) en toda la Unión.

Para que el abuso sexual de menores en línea pueda investigarse y perseguirse de manera eficaz, el Grupo PPE considera importante que las fuerzas del orden puedan acceder legalmente al material de abuso sexual de menores que se haya codificado. El Grupo PPE se declara favorable a la posible creación de un centro europeo encargado de prevenir y combatir el abuso sexual de menores, que proporcione un apoyo integral a los Estados miembros. La pandemia de COVID-19 ha hecho que la mayor parte del aprendizaje y la socialización tengan lugar en línea. El aumento del uso de internet, y en particular de las plataformas de medios sociales, ha acrecentado el riesgo de ciberacoso. Debemos velar por que los menores puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece un entorno en línea, sin estar expuestos a la amenaza del acoso. La estrategia debe incluir disposiciones que ataquen la causa fundamental del acoso en línea, así como preparar a los jóvenes dotándolos del conocimiento y las herramientas que necesitan para responder eficazmente si sufren ciberacoso.

Las actuales deficiencias y el carácter insuficiente de la transformación de la educación digital salieron claramente a la luz durante el confinamiento contra el coronavirus, que obligó a millones de niños, alumnos y estudiantes a quedarse en casa. La pandemia de COVID-19 acentuó aún más las desigualdades existentes en toda Europa. Los grupos vulnerables de menores, incluidos los que sufren discapacidades, los pertenecientes a grupos étnicos y minoritarios, los procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos, como, por ejemplo, los menores de zonas rurales y de difícil acceso, tuvieron un acceso limitado o nulo a la escolarización a distancia o en línea. Con arreglo al artículo 29 de la Convención, la educación del niño debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Esta pobreza digital hace que a muchos menores de la Unión les resulte casi imposible participar y disfrutar del derecho a la educación en igualdad de condiciones. No se puede permitir que esta situación se perpetúe, ni que se convierta en una parte aceptada de la «nueva normalidad» posterior a la COVID-19.

Para el Grupo PPE, proporcionar una educación de alta calidad e inclusiva a toda la infancia de Europa es un objetivo importante. La alfabetización digital se ha convertido en un factor decisivo, en especial durante la pandemia de COVID-19. Esta alfabetización exige, entre otras cosas, que se garantice la igualdad de acceso a las herramientas digitales de aprendizaje a distancia. Ningún niño debe quedar atrás.

Los menores se desarrollan cuando sus padres prosperan y proporcionan nutrición y educación a través de las familias. Para favorecer este ciclo, las políticas modernas de equilibrio entre vida privada y vida laboral, con fórmulas de trabajo flexibles y prestación de servicios de guardería, en particular una educación de la primera infancia de alta calidad, deben ocupar un lugar central en nuestra labor relacionada con los derechos del menor. Las inversiones tempranas son fundamentales para la formación de capital humano. Las iniciativas estratégicas más eficaces se centran casi siempre en el período preescolar y escolar; por tanto, la educación es un elemento decisivo para establecer una estrategia social de la infancia ambiciosa y eficiente. El Grupo PPE también llama la atención sobre la importancia de destinar el 10 % del Fondo Europeo de Recuperación a la educación, tal y como se votó en el Parlamento Europeo en octubre de 2020.

5. Empoderar a todos los menores para que tengan éxito: protección de los menores vulnerables

Los niños son nuestro futuro; por consiguiente, las iniciativas destinadas a empoderar a todos los menores para que tengan éxito redundan en interés de la Unión Europea. Velar por que los menores tengan un sentido de pertenencia e inclusión en sus comunidades es imprescindible para su bienestar, porque les permite prosperar y desarrollarse. Así pues, el Grupo PPE considera que la nueva Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia debe plantearse la posibilidad de incorporar una perspectiva holística de las necesidades de los menores a través de las medidas legislativas y no legislativas presentes y futuras, y prestar especial atención a las necesidades específicas de los menores vulnerables, en particular los menores con discapacidad, los menores inmigrantes y los menores expuestos a la pobreza, entre ellos, por ejemplo, los menores gitanos. De hecho, la carga más pesada de la pobreza suele recaer sobre los menores gitanos, por ser los miembros más frágiles de la comunidad. Los menores gitanos que viven en la pobreza extrema a menudo están atrapados en un ciclo de pobreza transgeneracional, según la reciente encuesta llevada a cabo en once Estados miembros de la Unión por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

A pesar de la reciente evolución positiva, la pobreza infantil y los ciclos de pobreza y desventaja intergeneracional siguen siendo un problema en la Unión, y la pandemia de COVID-19 agrava la situación. La Unión Europea se considera líder en la lucha contra la pobreza infantil. La Recomendación del Consejo sobre invertir en la infancia, adoptada en 2013, constituyó un hito importante. La Comisión, impulsada por el Parlamento Europeo, tiene previsto ir más allá: de aquí a 2021 está previsto presentar una propuesta de Recomendación del Consejo sobre la Garantía Infantil. Dicha garantía deberá garantizar el acceso a una atención y una educación de la primera infancia de calidad y gratuitas, una nutrición adecuada, servicios sanitarios y vivienda, lo que implica la adopción de un planteamiento coordinado a nivel europeo, nacional, regional o local.

El Grupo PPE se compromete a seguir debatiendo y trabajando para establecer el instrumento de la Garantía Infantil, así como a adoptar un enfoque pragmático con el objetivo último de que se aplique de manera efectiva en los Estados miembros y aproveche las enseñanzas extraídas de la Garantía Juvenil. Hay importantes datos que sugieren que las primeras medidas de ayuda adoptadas para los jóvenes de entornos socioeconómicos desfavorecidos durante la transición de la escuela al trabajo llegan demasiado tarde. Es absolutamente necesario dotarlos de las capacidades sociales y cognitivas necesarias para que tengan un desarrollo a largo plazo y una vida profesional exitosa en una etapa más temprana. Por ello, destinar el 5 % del programa del Fondo Social Europeo Plus a los menores especialmente desfavorecidos podría complementar la Recomendación del Consejo sobre la Garantía Infantil.

Los sistemas de educación y formación deben reformarse con el fin de que los menores vulnerables disfruten de las mismas oportunidades educativas que los demás. Es sumamente importante reconocer el derecho del menor al descanso y al ocio, a realizar actividades lúdicas y recreativas adecuadas para su edad y a participar en la vida cultural y las artes libremente y en igualdad de condiciones con los demás menores. Desde la más temprana edad, la pertenencia y la seguridad jurídica son fundamentales para que el menor pueda crecer y tener éxito en la vida. Un menor apátrida tendrá dificultades para hacer efectivos a sus derechos y acceder a los servicios públicos, y será más vulnerable a la explotación, lo que mermará su capacidad para tener éxito. El Grupo PPE insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que colaboren para garantizar que todos los menores puedan obtener un certificado de nacimiento y una nacionalidad, así como documentos de identidad.

Para que todos los menores puedan crecer y desarrollarse hasta alcanzar su pleno potencial, debemos garantizar el acceso a un entorno limpio y a la asistencia sanitaria. El Grupo PPE se compromete a luchar en favor de un medio natural más sano y limpio para los europeos más jóvenes. Por ello, el Grupo PPE está decidido a abordar la cuestión de la contaminación atmosférica y la preservación del medio natural para frenar urgentemente la emergencia del cambio climático. Esta es la inversión más importante que podemos hacer por nuestra infancia.

Dado que la pandemia de COVID-19 ha afectado a los sistemas sanitarios de toda la Unión, sometiéndolos a una presión sin precedentes, tenemos que luchar para defender el derecho de cada menor a disfrutar de pleno acceso a unos servicios sanitarios adaptados a sus necesidades, en particular una atención de alto nivel en el ámbito del apoyo mental y psicológico. Esto es de vital importancia, ya que, tras la actual pandemia, la Unión se enfrentará a una crisis de salud mental que tendrá repercusiones sumamente perjudiciales en nuestros menores. La falta de acción y de inversión en centros y ayudas para la salud mental en los próximos años tendrá consecuencias desastrosas a largo plazo para los niños y adolescentes. Ningún niño debe quedar atrás ni abandonado mientras padezca alguna forma de enfermedad física o mental. El Grupo PPE apoya el establecimiento de un calendario europeo uniforme y coherente para la vacunación de los menores y la igualdad de acceso a las terapias y los medicamentos más recientes en el ámbito del tratamiento pediátrico, especialmente para las enfermedades raras y el cáncer infantil.

El Grupo PPE considera que realizar inversiones suficientes durante la infancia y en los menores puede resultar productivo de forma duradera para las personas, así como para las sociedades y las economías, ya que los beneficios económicos y sociales resultantes de dichas inversiones superan considerablemente los costes de financiación.

III. Futura Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia

Hace ya mucho tiempo que cambió la forma en que los adultos y la sociedad tratan a los menores y son conscientes del papel que estos desempeñan. A pesar de los considerables progresos realizados en Europa, siguen existiendo retos básicos, como la violencia contra los menores, la pobreza infantil, el acoso y el acceso a una justicia adaptada a los menores. La futura estrategia debe ser integral; es preciso que abarque todas las estrategias existentes en este ámbito, y estas deben estar cohesionadas para que la Unión no multiplique ni duplique esfuerzos y financiación. Los niños son el futuro de Europa; por tanto, debemos tener en cuenta sus derechos y necesidades. Es imposible debatir el futuro de Europa si no tomamos en consideración las opiniones y las necesidades de sus ciudadanos jóvenes. Tenemos el deber de empoderar a todos los menores para que tengan éxito, con el fin de que estén preparados para enfrentarse sin miedo a los retos del futuro y de que tengan una vida plena.