La ley de Daphne se hace realidad

A primera hora de esta mañana, los negociadores del Parlamento Europeo y de los Estados miembros han llegado a un acuerdo en las negociaciones a tres bandas sobre medidas para proteger mejor a los periodistas y representantes de la sociedad civil de demandas infundadas o procedimientos judiciales abusivos. "El acuerdo de hoy es un paso histórico para proteger y ayudar a las víctimas de demandas estratégicas. Nuestra posición ha sido clara desde el principio. Debe haber tolerancia cero para silenciar a quienes se manifiestan sobre cuestiones de interés público", declaró la eurodiputada Magdalena Adamowicz, negociadora del Grupo PPE sobre la ley que pretende evitar que los sistemas jurídicos sean objeto de abusos por parte de quienes interponen demandas estratégicas contra la participación pública (las llamadas SLAPP).

Para el Grupo PPE, esta ley siempre ha sido "la ley de Daphne", en memoria de la valiente periodista maltesa asesinada por sus investigaciones.

El acuerdo establece unas normas mínimas para la protección de quienes se dedican a la participación pública y prevé fuertes salvaguardias contra los procedimientos judiciales manifiestamente infundados y abusivos con implicaciones transfronterizas. Los Estados miembros podrán imponer sanciones a quienes abusen del sistema judicial en beneficio propio. Además, el demandante deberá pagar las elevadas costas de tales procedimientos, que a menudo se utilizan como arma para intimidar a los periodistas. La nueva ley también prevé el tratamiento acelerado de ciertos casos de SLAPP, así como la posibilidad de sobreseimiento anticipado, lo que acortará los largos y costosos procedimientos judiciales y reducirá el sufrimiento de las víctimas.

"El autoritarismo puede sustituir fácilmente a la democracia cuando permitimos que la mentira sustituya a la verdad. No puede haber lugar en ningún lugar de la UE para la persecución legal de personas que denuncian hechos", declaró Adamowicz. "Este no es el final de nuestros esfuerzos, seguiremos supervisando la aplicación de la ley y las disposiciones anti-SLAPP en los Estados miembros con un compromiso inquebrantable", concluyó.

El acuerdo se someterá a votación plenaria a principios del próximo año.