Documento de posición: Una Europa social moderna

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Nuestros valores, principios y visión

Nuestros puntos de vista acerca de la sociedad y la economía se basan en nuestros valores cristianos y en la firme convicción de que las personas son libres y han de ocupar un lugar central en la economía social de mercado. Nuestros valores fundamentales son la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la justicia, tal como establecieron los padres fundadores de las Comunidades Europeas –Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Jean Monnet y Konrad Adenauer–, pertenecientes todos ellos a nuestra familia política.

Creemos en el modelo social europeo como base de la economía social de mercado. Aspiramos a mejorar y proteger el bienestar social y la competitividad, que necesita una adaptación constante a un mundo en rápida transformación. El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece un marco donde la competitividad contribuye a la justicia social y la justicia social estimula la competitividad. Tal como se estipula en el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), consideramos que, a la hora de definir y ejecutar sus políticas y acciones, la Unión ha de tener en cuenta en todo momento las exigencias sociales.

El principal objetivo de la política social estriba en ofrecer a los ciudadanos los instrumentos para convertirse y seguir siendo autosuficientes. La política social debe considerarse una inversión que aportará beneficios y que evitará los costes relacionados con las prestaciones nacionales de dependencia a largo plazo. Otorgará además a los ciudadanos más posibilidades para ser autónomos e independientes.

Creemos que el extremismo y el populismo deben desaparecer tanto de la UE como de las regiones en crisis con el fin de poder ofrecer verdaderas perspectivas a las personas en sus países de origen. El mercado único es uno de los principales pilares de la Unión y su buen funcionamiento es la base de la recuperación económica en Europa. En este contexto, la movilidad laboral reviste gran importancia como fuente de competitividad europea.

Al igual que en otros ámbitos (desde la legislación medioambiental hasta el mercado único y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento), insistimos en una aplicación plena y coherente y en el cumplimiento de las normas nacionales y de la UE, incluidos los convenios colectivos, por todas las partes interesadas relevantes. El respeto de las leyes es un requisito previo para que el mercado único funcione correctamente y sea justo.

Estamos convencidos de que nuestra economía social de mercado está firmemente vinculada a un diálogo social eficiente. A este respecto, apoyamos el compromiso contraído por la Comisión Europea y su presidente para relanzar el diálogo social europeo. Asimismo, resaltamos que, de conformidad con los artículos 9 y 152 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se debe tener en cuenta el diálogo social en la elaboración y aplicación de las políticas a escala de la UE. La capacidad de los interlocutores sociales para participar en un diálogo social constructivo es fundamental para equilibrar competitividad y equidad, perfilando así unas políticas sociales equilibradas en la UE que reflejen las necesidades de los trabajadores y los empresarios. El Grupo PPE fomenta el diálogo social utilizando instrumentos en línea para reforzar la democracia participativa.

1. Potenciar el empleo

El empleo, una mano de obra cualificada y el espíritu empresarial se sitúan en lo más alto de nuestra agenda. Hacemos un llamamiento a los Estados miembros para que hagan el mejor uso posible de las políticas nacionales y de la UE y de los marcos de financiación disponibles al objeto de desarrollar unas economías y mercados laborales que funcionen bien y de promover la inversión en capital humano y creación de empleo.

1.1 Los fondos de la UE

Con un presupuesto de 86 000 millones de euros, el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil son los principales instrumentos de la Unión Europea para la integración y reintegración de los trabajadores en el mercado laboral. Abogamos por medidas selectivas y simplificadas que refuercen la capacidad de los Estados miembros de utilizar mejor los fondos disponibles a través del Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos de cohesión europeos, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y la Iniciativa de Empleo Juvenil, todos ellos instrumentos esenciales para mejorar la capacidad de inserción profesional de los europeos.

1.2 Educación, adecuación de las cualificaciones y formación

Otorgamos prioridad a aquellas inversiones que impulsen la educación, y aquí se incluyen la educación dual, el aprendizaje de idiomas –incluidas las lenguas de los países vecinos–, la formación, los períodos de prácticas, las capacidades, la empleabilidad y el espíritu empresarial en Europa, a través de plataformas y programas como Erasmus+ y EURES, que brindan grandes oportunidades para que millones de europeos puedan adquirir una experiencia valiosa. También nos mostramos a favor de crear un sistema de licencia de formación europeo basado en las mejores prácticas de los Estados miembros en este ámbito; esto fomentaría la movilidad –también transfronteriza– de los trabajadores europeos, algo que se ha demostrado que contribuye al crecimiento, al satisfacer la demanda laboral en los Estados miembros.

Creemos que es precisa una mejor coordinación entre los planes de educación y formación y las necesidades de unos mercados laborales en transformación. Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea y a los Estados miembros para que potencien las TIC y la formación y educación en ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas al objeto de dotar a los trabajadores actuales y futuros de las capacidades digitales que correspondan. Se deben fomentar los programas de educación dual y la combinación de educación y períodos de prácticas. Apoyamos los programas que ofrezcan a los jóvenes desempleados competencias digitales, como los cursos abiertos en línea, y animamos en este mismo sentido a la generación de más de 50 años y a los mayores activos. Hay que complementar los métodos educativos actuales con cursos prácticos, como la codificación en las escuelas, y la base tecnológica necesaria en escuelas y universidades. Consideramos que se ha de desarrollar, mantener y atraer una mano de obra productiva, altamente cualificada y de talento en los países europeos, así como crear condiciones favorables para evitar la fuga de cerebros.

Además, han de adoptarse medidas que faciliten el reconocimiento de las titulaciones y los diplomas en toda Europa, incluidos los diplomas y los certificados en línea como los expedidos por los cursos masivos abiertos en línea, así como la validación del aprendizaje no formal, a fin de que los profesionales puedan contribuir con sus conocimientos y capacidades en toda Europa. Asimismo, animamos a la Comisión a que adecue el instrumento de cualificación laboral para el empleo (ESCO) con los demás instrumentos europeos de cualificación, como el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), Europass, ECVET y EURES, que se utilizan en el ámbito de la educación, la formación profesional y el aprendizaje previo.

1.3 Un mercado laboral que propicie la inclusión

Propugnamos la adopción de medidas adicionales para la integración de los mayores de 50 años en el mercado de trabajo, las empresas, la educación o la formación con el objetivo de prevenir el desempleo de larga duración y el riesgo de exclusión social en esta categoría de trabajadores y entre sus familias. También aspiramos a luchar contra la discriminación por razón de edad en el mercado laboral y a promover entornos propicios para las personas mayores.

Nos mostramos a favor de medidas encaminadas a combatir el desempleo de larga duración, que es la principal causa de exclusión social. Por todo ello, apoyamos la nueva Recomendación del Consejo sobre el desempleo de larga duración. Solicitamos una iniciativa de integración, de modo que todos los demandantes de empleo que hayan estado desempleados durante más de 12 meses serían objeto de una evaluación individual y un acuerdo de integración laboral que permitieran su reintegración en el mercado de trabajo antes de alcanzar los 18 meses de desempleo.

La verdadera integración de los refugiados y migrantes legales constituye una tarea fundamental que se antoja indispensable para el funcionamiento de una Europa social moderna. Queremos utilizar la formación profesional y la educación, así como los períodos de prácticas, para determinar las posibilidades de las personas y reforzar su integración como parte de un proceso bidireccional.

1.4 Empleo digital

La economía y el mercado laboral se están transformando como resultado de la digitalización y de una aplicación más amplia de tecnologías y servicios innovadores más productivos, eficientes y adaptados. Percibimos numerosas posibilidades de empleo en el mercado digital y pedimos a todas las partes interesadas relevantes que impulsen el desarrollo de nuevos puestos de trabajo en el sector digital europeo. La Gran Coalición para el Empleo Digital, creada al alimón con el sector privado, es una iniciativa alentadora. Asimismo, propugnamos estrategias dirigidas a reducir la brecha digital y a promover la igualdad de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo en el caso de las personas que corren riesgo de sumirse en la pobreza y la exclusión social.

1.5. Espíritu empresarial

Hemos de mejorar la cultura empresarial en ámbitos como el sector manufacturero, las empresas familiares, las pymes y las microempresas fomentando la mentalidad emprendedora y los conocimientos, capacidades y competencias relacionados. Por consiguiente, respaldamos iniciativas como el «Plan Juncker», la microfinanciación y otros mecanismos de la UE, así como la prestación de ayuda a los profesionales independientes. Creemos que las sociedades y empresas, ya sean grandes o pequeñas, son los principales vectores de crecimiento y empleo y, por lo tanto, deben beneficiarse de un entorno competitivo libre de obstáculos y contar con acceso a la financiación, lo que les permite establecerse fácilmente y crear empleo. Estamos a favor de trasladar la carga impositiva del trabajo a un sistema fiscal de base amplia y niveles diferenciados. También deberíamos plantearnos más detenidamente el desplazamiento de la fiscalidad directa a la indirecta. Apoyamos enérgicamente el desarrollo de modelos fiscales y procedimientos fiscales simplificados que favorezcan a las pymes, los empresarios, las microentidades y las empresas emergentes.

2. El refuerzo de la cohesión social y la inversión social en los ciudadanos europeos

Una Europa social moderna, sostenible y resistente a los retos económicos y sociales pasa indefectiblemente por una convergencia social ascendente. Se trata de un elemento clave para lograr unas condiciones favorables para las familias que viven en Europa, la creación de empleo, la mejora de las condiciones laborales y el nivel de vida y una protección social adecuada, así como para el progreso social en el marco de una economía social de mercado muy competitiva. Consideramos que esta convergencia social al alza es necesaria para un crecimiento económico sostenible y exige tanto un marco legislativo y político eficiente y equitativo como políticas presupuestarias responsables en todas las regiones europeas al objeto de cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

2.1 Renta y salarios en Europa

Creemos que todos los ciudadanos y las familias de Europa han de tener derecho a una renta o ayuda que les permita cubrir los costes de subsistencia. Evaluar las necesidades de los ciudadanos de la UE es el primer paso hacia la justicia social y la demografía sostenible. Los mecanismos de ayuda social tienen que garantizar que no se perpetúa la dependencia social y deben constituir un incentivo para acceder a la educación o al mercado laboral.

Todos los trabajadores europeos han de tener derecho a un salario que les permita vivir una vida digna. Es preocupante que hasta un 8,9 % de los trabajadores europeos estén expuestos en la actualidad al riesgo de pobreza. Hacemos un llamamiento en favor de la creación y ejecución de medidas correctoras eficaces. Estas medidas han de desarrollarse en el ámbito de cada Estado miembro respetando sus costumbres, tradiciones y posibilidades presupuestarias, y teniendo en cuenta sus realidades socioeconómicas, así como los puntos de vista de los interlocutores sociales, los beneficiarios y el resto de las partes interesadas. Creemos que un mercado laboral vibrante es clave para garantizar incrementos salariales y protección social para todos.

2.2 La lucha contra la pobreza

El Grupo PPE no desea marginar a ninguna colectivo de nuestra sociedad. Para el período 2014-2020 se han asignado más de 3 800 millones de euros al Fondo de Ayuda Europea (FEAD) en favor de las personas más necesitadas. Solicitamos, por tanto, a todas las partes interesadas relevantes que hagan uso de los recursos disponibles para reducir el riesgo de pobreza de la manera más eficaz. Como primer paso, abogamos por medidas para dotar a las personas pobres de asistencia básica, para instituir posteriormente medidas de acompañamiento individualizado que conduzcan a una vida autónoma y digna con su inserción en el mercado laboral. También creemos que se debe hacer más hincapié en las actividades de las organizaciones religiosas en este ámbito para permitirles llevar a cabo sus importantes y eficaces aportaciones.

Tampoco podemos olvidar a las personas de más edad y, en particular, a las mujeres. Las mujeres de edad avanzada son especialmente vulnerables a la pobreza, sobre todo a causa de la elevadísima brecha de género que existe en las pensiones. Así pues, animamos a los Estados miembros a que introduzcan medidas específicas como créditos para los períodos de asistencia, las pensiones mínimas y las prestaciones de supervivencia, así como que intercambien sus mejores prácticas en este ámbito.

Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea y a los Estados miembros para que ajusten los instrumentos existentes y se centren más en aquellos hogares cuyos miembros están todos desempleados, mejorando su integración social y sus oportunidades de empleo. Estos instrumentos, junto con las mejores prácticas existentes a escala nacional, constituirían, a su vez, un instrumento importante para reducir la pobreza infantil en Europa.

Creemos en el potencial de la economía social y la economía «solidaria» para resolver una serie de cuestiones sociales de forma innovadora y rentable. Por lo tanto, proponemos a la Comisión que dé un nuevo impulso a la inversión social.

2.3 Trabajo y equilibrio familiar

Creemos que son necesarias unas infraestructuras de atención infantil de proximidad en todos los Estados miembros de la UE para garantizar una mejor conciliación de la vida profesional y la vida familiar. Asimismo, pedimos que se mejore el acceso de los padres, las familias y las personas que lo necesiten a los servicios de asistencia. Apoyamos a los empresarios que busquen cómo dar muestra de sensibilidad respecto de estas cuestiones de un modo que beneficie a la organización y, lo que es más importante, que permita a los trabajadores conciliar mejor la vida laboral y la familiar. Reconocemos el papel fundamental que desempeñan las madres y los padres en nuestra sociedad, a la vez que acogemos favorablemente y apoyamos la iniciativa que ha anunciado la Comisión para fomentar una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, salvando los obstáculos a un mejor equilibrio entre las vidas laboral y familiar, en beneficio de las personas, las familias y las empresas.

Asimismo, reconocemos la importancia que reviste la atención a los niños y a los demás miembros de la familia que la necesiten. Apoyamos todas las medidas que, en el ámbito de los Estados miembros, reconozcan el valor del trabajo no remunerado de los cuidadores, y creemos que se debe reconocer esta labor en los sistemas de pensión, lo que reduciría la brecha entre hombres y mujeres en este campo.

El envejecimiento saludable permanente ha de convertirse en un concepto básico a la hora de formular las políticas, ya desde la infancia, con el fin de mejorar la calidad de vida en la vejez, y debería incluir unas normas elevadas de salud y seguridad en el trabajo a lo largo de la vida laboral.

3. Un marco legislativo y político sólido

Respetamos los Tratados que, en consonancia con el principio de subsidiariedad, confieren a la Unión (con arreglo a los artículos 151 a 161 del Tratado de Funcionamiento de la UE) el derecho a apoyar y complementar las acciones de los Estados miembros en los ámbitos de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, las condiciones laborales, la seguridad social y la protección social, la información y la consulta a los trabajadores, la integración de las personas desfavorecidas y la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión.

Creemos que la legislación laboral y social europea debe establecer unas normas sociales mínimas en toda Europa, garantizando así unas condiciones equitativas para todos los ciudadanos y empresas de la UE, y reforzando la cohesión social y regional europea, también en las regiones ultraperiféricas. Somos conscientes, no obstante, de que toda legislación europea debe garantizar un equilibrio entre las necesidades de los distintos Estados miembros, los sectores, los trabajadores y los derechos de los ciudadanos. Cualquier introducción de nueva normativa a nivel europeo ha de estar justificada, ser proporcionada y fundamentarse en una minuciosa evaluación basada en datos contrastados y en el respeto de la cultura y las tradiciones nacionales.

Estamos a favor de unas reformas del mercado laboral que fomenten la integración en él de las personas en busca de empleo, mejorando la flexibilidad interna y externa de los empresarios y dotando a los trabajadores de una protección social segura y sostenible. Este tipo de reformas deberá lograr un equilibrio entre las ambiciosas normas en materia de protección de los trabajadores y un mayor número de oportunidades para la reinserción de las personas en el mercado laboral.

Europa tiene que cumplir, pero ha de hacerlo evitando las promesas vacías. El Grupo del PPE propugna una agenda reguladora inteligente que facilite la aplicación y el cumplimiento adecuados de la legislación social de la UE y garantice que los fondos llegan a sus justos destinatarios. Subrayamos que el diálogo social sigue siendo una parte fundamental de nuestra economía social de mercado a lo largo de todo el proceso de la normativa inteligente, de conformidad con los artículos 9 y 152 del TFUE.

Esta agenda ha de ser global y vincularse directamente al proceso del Semestre Europeo. Además, debería consolidar el análisis conjunto y la definición de estrategias en lo que se refiere a la dimensión social y económica de los Estados miembros, subrayando la necesidad de conciliar estos criterios.

Admitimos que la inclusión de los indicadores de empleo en el procedimiento de desequilibrio macroeconómico refleja mejor la evolución social y del empleo en el proceso del Semestre Europeo. Por último, apoyamos que se les ofrezca el mismo tratamiento que a los demás indicadores principales, lo que les permitirá poner en marcha un análisis en profundidad para, en caso necesario, mejorar los resultados de las políticas sociales y de empleo a través de las reformas estructurales adecuadas.

3.1 Protección social de los trabajadores

El Grupo PPE apoya unas políticas de protección social eficaces y responsables sobre la base de los derechos y los deberes. Asimismo, los Estados miembros deben garantizar la protección social de los trabajadores en lo relativo a las pensiones proporcionando unas pensiones públicas suficientes para mantener un nivel de vida digno y como protección frente a la pobreza en la vejez, así como fomentando unos sistemas complementarios de pensiones vinculados a los contratos laborales como cobertura adicional. De conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros han de conservar la plena responsabilidad de la organización de sus sistemas de pensiones, así como del papel reservado a cada uno de los tres «pilares» del sistema de pensiones en cada Estado miembro. Sin embargo, es necesario crear un sistema europeo de rastreo de las pensiones.

Habida cuenta del aumento en todos los Estados miembros de la UE de la esperanza de vida, que se está incrementando en un promedio de 2,5 años cada diez años, y de los cambios demográficos en Europa, pedimos a los Estados miembros que apliquen urgentemente los necesarios cambios estructurales, también en los sistemas de pensiones, con el fin de garantizar una seguridad social sostenible para todos y la solidaridad entre generaciones.

Propugnamos como la modalidad de contrato estándar los contratos a largo plazo, que se podrán incentivar con las medidas apropiadas. Igualmente, existe necesidad del trabajo a tiempo parcial, el trabajo temporal, el trabajo de temporada y otras modalidades de contratos para permitir una variedad de acuerdos contractuales para las empresas y los trabajadores. No obstante, pedimos que se adopten medidas para garantizar que cualquier tipo de contrato ofrecido a un trabajador se corresponde con su compromiso y su deber, y no es objeto de abuso o de especulación. Creemos que la diversidad, la flexibilidad y la seguridad revisten un gran valor tanto para los trabajadores como para los empresarios.

Apoyamos medidas para luchar contra el trabajo no declarado en todas sus formas, así como contra el empleo precario. Para nosotros, el empleo precario es aquel que no respeta las normas europeas y nacionales, en particular en lo que respecta a la salud y la seguridad en el trabajo, o el que no proporciona recursos suficientes para mantener una vida digna y una protección social apropiada.

Hacemos un llamamiento para establecer un conjunto simplificado y más eficaz de normas en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo, y para desarrollar la capacidad de las pymes y de las microempresas de adoptar medidas eficaces y eficientes para la prevención de los riesgos, de acuerdo con lo establecido en la legislación europea y nacional y respetando en todo momento los derechos de los trabajadores. Insistimos en que los trabajadores que desempeñan tareas de nuevo cuño merecen una protección adecuada de su salud y seguridad adaptada a las nuevas circunstancias, como por ejemplo el estrés, el agotamiento profesional o las enfermedades musculoesqueléticas. Asimismo, queremos aprovechar la oportunidad que brinda la digitalización del empleo para establecer unas disposiciones laborales seguras y flexibles a fin de garantizar un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar.

3.2 Igualdad de oportunidades

Estamos firmemente decididos a potenciar el carácter inclusivo del mercado laboral europeo y, por lo tanto, apoyamos medidas encaminadas a colmar las lagunas existentes en la legislación europea contra la discriminación relativa al empleo, especialmente por lo que respecta a las personas con discapacidad. Además, respaldamos la aplicación sin demora de la Directiva del Consejo 2000/78/CE sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

El Grupo PPE apoya firmemente la plena igualdad entre hombres y mujeres en materia de salarios y pensiones, así como en lo referente a la evolución profesional, en cada uno de los Estados miembros. Abogamos por medidas específicas destinadas a elevar la tasa de empleo de las mujeres con el fin de luchar contra el diferencial persistente del 11,5 % en la tasa de empleo y a utilizar plenamente todas las competencias y capacidades de las mujeres en el mercado de trabajo.

3.3 Movilidad de los trabajadores

La movilidad es una fuente de competitividad en el mercado único. No pueden darse pasos atrás en un principio básico y fundamental de la Unión Europea como la libertad de circulación. Así pues, respaldamos la libre circulación y la movilidad de los trabajadores que se enmarcan en la clara normativa de la Unión Europea en materia de coordinación de los sistemas de seguridad social. Al mismo tiempo, no debemos tolerar los abusos, fraudes o incumplimientos de la legislación vigente de la UE.

Pedimos a los Estados miembros que garanticen unas condiciones equitativas en la Unión Europea. A este respecto, hacemos un llamamiento en favor de un plan de acción que acabe con las deficiencias que se han constatado en las actuales normas, combata el dumping social mediante prácticas sociales ilegales y vele por la puesta en práctica de controles eficaces. Solicitamos a los Estados miembros que creen una ventanilla única, así como un único sitio web nacional, para informar, ayudar y asesorar a los trabajadores transfronterizos acerca de las consecuencias a efectos fiscales y de seguridad social que acarrea trabajar en otro Estado miembro.

Los abusos y los fraudes solo pueden resolverse si la UE y el legislador nacional proveen un marco legal efectivo, viable y adecuado sobre la base de una cooperación mutua, mientras que los Estados miembros deberán mejorar los controles y garantizar que estos sean proporcionados, justificados y no discriminatorios. Sin embargo, la lucha legítima y legal contra el fraude no puede utilizarse como pretexto para cuestionar las disposiciones de los Tratados, incluido el principio de libre circulación de las personas y servicios, que establece que se ha de deparar a los ciudadanos de otro Estado miembro de la UE el mismo trato que a los nacionales del Estado miembro de acogida.

Acogemos con satisfacción los planes de la Comisión para determinar y corregir las deficiencias en la coordinación de las prestaciones mínimas de seguridad social en toda Europa mediante una adaptación del Reglamento n.º 883/2004 y el Reglamento de Ejecución (CE) n.º 987/2009 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social. Hemos de evitar que la adaptación de la legislación sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social se utilice como un instrumento de la competencia desleal.

Somos conscientes de que siguen existiendo problemas en la ejecución de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. En este contexto, y con la finalidad de evitar abusos, pedimos una aplicación oportuna por parte de los Estados miembros de la Directiva de Aplicación sobre el desplazamiento de trabajadores y el consiguiente análisis del impacto de su ejecución. La Comisión ha anunciado la publicación de un paquete de medidas sobre movilidad laboral, donde se incluye una revisión específica de la Directiva sobre desplazamiento de trabajadores. Insistimos en que, si se inicia el proceso, este debería afectar solo a los elementos pendientes de resolución a fin de garantizar un trato justo a los trabajadores y la igualdad de condiciones a las empresas. Una Directiva revisada deberá continuar facilitando la libre prestación de servicios. Las medidas propuestas han de ser claras, proporcionadas, no discriminatorias y estar justificadas, además de respetar los distintos mecanismos de fijación de salarios de los Estados miembros. Para llevar a cabo unos controles más estrictos al objeto de combatir y prevenir los abusos, propugnamos una mejor cooperación transfronteriza entre los servicios de inspección correspondientes y el intercambio electrónico de información y datos.

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