Reglamento morosidad: El PP se reafirma en su defensa de las PYMES.

Estrasburgo, 24 de abril de 2024 –El Parlamento Europeo aprobó ayer el Reglamento de Morosidad, revisando actual Directiva de Morosidad que implicaba tener 27 normas nacionales. Esta diversidad de normativas ha generado fragmentación en el Mercado Único, lo que ha provocado una cultura de pago poco uniforme propiciando el desarrollo de prácticas abusivas en nuestro mercado.

Por ello, en septiembre de 2023, la Comisión Europea lanzó esta propuesta de Reglamento con un objetivo clave: proteger a las empresas, especialmente a las PYMES, de los impactos negativos causados por los retrasos en los pagos y la morosidad. Planteaba como medida principal la limitación de los plazos de pago de todas las transacciones a 30 días para abordar los abusos en las negociaciones contractuales.

“Un objetivo loable, pero una medida simplista sobre la que hemos tenido que trabajar en profundidad” opina Pablo Arias. “Un plazo de pago único aplicable a cualquier transacción, independientemente de su naturaleza y de los actores involucrados, basado en el modelo "one fits all", no es una solución adecuada.”  

La Comisión Europea destacaba que el problema es evidente y representa una lacra para la competitividad de nuestras empresas. En su evaluación de impacto, señalaba que muchas facturas emitidas en la Unión Europea se pagan fuera de plazo, resaltando la necesidad de abordar este problema transfronterizo con medidas coordinadas a nivel europeo. “Las prácticas de pago no son las mismas en todos los Estados miembros, lo cual dificulta alcanzar amplios consensos”, explica Pablo Arias.

Ante este problema y las grandes divergencias en las negociaciones, a propuesta de la Delegación española del PP, se retrasó el voto en la Comisión de Mercado Interior, con la condición de que se pudiera concluir el trámite parlamentario en la presente legislatura. “Desde el PP consideramos que era necesario alcanzar un gran acuerdo que reflejara un compromiso general entre las distintas posturas de cara a las negociaciones del Parlamento con la Comisión y el Consejo.” 

Finalmente, se ha adoptado un texto más equilibrado en el Pleno, que será la posición del Parlamento Europeo en las negociaciones a tres bandas con la Comisión y el Consejo (proceso conocido como “trilogos”). Establece un plazo de pago de 30 días para las administraciones públicas y las transacciones entre actores privados, con la posibilidad de ampliación para estas últimas hasta 60 días si así lo acuerdan las partes. Para los productos y bienes de movimiento lento o estacionales establece un plazo de 120 días debido a sus características específicas. Así mismo el texto plantea hasta 30 días para el procedimiento de aceptación y verificación de las facturas.

Además, el texto insufla flexibilidad al dejar abierta la posibilidad de que los Estados Miembros establezcan plazos de pago más cortos para adaptarse a las diferentes casuísticas nacionales.

Nuevo papel de las Cámaras de Comercio

Tras aprobarse en la comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor, una enmienda planteada por la Delegación española del PP, se permitirá a los Estados Miembros designar organismos como las Cámaras de Comercio e Industria como responsables de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con el fin de promover su uso voluntario. 

Según Pablo Arias, “Este es un acuerdo muy favorable que representa un buen compromiso entre las diferentes posiciones. Ahora será en las negociaciones de trílogos donde se deba avanzar hacia un acuerdo que pueda ser aceptable para las diferentes realidades nacionales de la Unión Europea.”