Zarzalejos pide al Consejo acordar normas obligatorias para proteger a los niños del abuso sexual online

10 de abril de 2024- El Parlamento Europeo ha aprobado hoy la prórroga de las normas que permiten el procesamiento de datos para la detección voluntaria de material de abuso sexual a menores en línea, que ya había sido acordada entre el Consejo y Parlamento Europeo.

El eurodiputado del PP y negociador por parte del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo, Javier Zarzalejos, ha pedido insistido una vez más en la urgencia de que el Consejo acuerde las normas obligatorias para proteger a los niños del abuso sexual online, como ya ha hecho el Parlamento Europeo.

Así, Zarzalejos ha señalado que el acuerdo de aprobado hoy en el Plenario “es una salida temporal que no puede sustituir a una regulación permanente y de carácter obligatorio que proteja a los niños europeos cuando usan internet”. Y es que esta norma ha de sustituirse por el Reglamento por el que se establecen normas para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores, del que Javier Zarzalejos ha sido ponente en el Parlamento Europeo.

El reglamento protege a la infancia y la privacidad de los usuarios

Este reglamento liderado por Zarzalejos con el acuerdo unánime del Parlamento supone “una propuesta equilibrada y que protege todos los bienes jurídicos en liza: la protección de la infancia y los derechos de privacidad de los usuarios”. El eurodiputado lamenta que los Estados Miembros no hayan estado a la altura de sus responsabilidades.

La presidencia española del Consejo de la Unión Europea no logró aunar voluntades y llegar a una posición común sobre dicho Reglamento y, por ahora, tampoco lo ha logrado la presidencia belga. En consecuencia, no se han podido empezar las negociaciones interinstitucionales entre Consejo y Parlamento.

Como la norma temporal expiraba el próximo 3 de agosto, los co-legisladores se han visto obligados a extender su vigencia por veinte meses más, hasta el 3 de abril de 2026 o hasta que se adopte la norma permanente, y evitar así que se produzca un vacío legal. Este vacío imposibilitaría que los proveedores pudieran usar tecnologías específicas para para detectar material de abusos sexuales de menores en sus servicios, denunciarlos y retirarlos.