La UE acuerda una nueva legislación que obligará a retirar de internet los contenidos que fomenten atentados terroristas

La Unión Europea (UE) ha acordado hoy un nuevo reglamento que obligará a todas las plataformas de internet que gestionan contenidos y servicios -como Facebook, Google, Twitter o Youtube- a retirar los contenidos que fomenten el terrorismo o inciten a cometer atentados.

Se pretende así evitar casos como el del profesor francés Samuel Paty, degollado el pasada 16 de octubre por un terrorista islámico cerca de Paris tras sufrir en internet una intensa campaña de críticas a su labor pedagógica.

“Esta nueva normativa será un instrumento clave para evitar nuevos atentados terroristas en suelo europeo y evitar que los terroristas se apoyen en internet para impulsar y cometer ataques; por tanto, esta nueva ley salvará vidas“, ha asegurado el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, que ha sido el negociador del Partido Popular Europeo, el grupo mayoritario del Parlamento Europeo, en este trascendental dosier.

La luz verde al reglamento se ha producido tras más de un año de duras negociaciones y tras alcanzar un acuerdo entre los principales grupos políticos de la cámara. El acuerdo se ha concluido hoy, durante una reunión entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (donde están representados los gobiernos de los 27 países de la UE), lo que permitirá a partir de ahora que las respectivas autoridades nacionales puedan solicitar la retirada de contenido y propaganda terrorista a las plataformas que operen en cualquier país de la UE, con independencia de factores cómo su tamaño o del lugar donde tengan su sede legal.

Este contenido deberá ser bloqueado o retirado de internet en todos los países de la Unión Europea, en un plazo máximo de una hora desde que la autoridad responsable emita la orden de retirada.

“Es imprescindible actuar con rapidez debido al gran volumen de contenidos generados y a la enorme velocidad con la que éstos se diseminan por la red”, ha explicado Zarzalejos.

La normativa prevé, no obstante, la especial situación pequeñas y medianas empresas y las dificultades que podrían encontrar para cumplir con la obligación de eliminar contenidos en un plazo tan breve de tiempo.

El nuevo reglamento también incluye como novedad importante que un Estado miembro de la UE pueda pedir a un proveedor de servicios cuya sede o representante legal está en otro Estado miembro que retire un determinado contenido, y esto se podrá producir sin que las autoridades competentes del Estado receptor de la petición tengan que confirmar dicha orden de retirada.

Sí se establece, en cambio, un procedimiento de objeción mediante el cual las autoridades competentes de ese otro Estado pueden, a iniciativa propia o a solicitud razonada del proveedor de servicios o del proveedor del contenido afectados, solicitar su revisión o rechazarla bajo dos supuestos: si razonadamente considera que seria o manifiestamente viola el nuevo reglamento aprobado o si supone una seria o manifiesta infracción de los derechos fundamentales.

En cualquiera de los casos (bien si se solicita al Estado emisor la revisión de la orden de retirada o bien si el Estado receptor decide rechazarla bajo alguno de los supuestos mencionadas anteriormente) se establece un procedimiento de cooperación entre las autoridades competentes de los países involucrados que va a ser fundamental para garantizar el respeto mutuo entre las competencias de cada Estado miembro y para asegurar el buen funcionamiento de este nuevo sistema.  

El eurodiputado popular Javier Zarzalejos ha destacado en este sentido que “el acuerdo de hoy supone un importante avance en la cooperación transnacional europea en materia antiterrorista. Es fundamental fortalecer la confianza entre las autoridades de todos los Estados miembros y avanzar en el reconocimiento mutuo de sus decisiones para luchar más eficazmente en toda la UE contra el crimen organizado, el terrorismo, la radicalización y la difusión de contenido terrorista en internet”.

El reglamento aprobado hoy no obliga pero permite a las plataformas utilizar herramientas automatizadas para lograr una moderación eficaz de los contenidos en línea, así como para detectar y eliminar los contenidos no permitidos por la nueva norma.

También se ha previsto un sistema de garantías para asegurar el respeto a los derechos fundamentales y también para permitir el resarcimiento y la posibilidad de restablecer los contenidos eliminados si las autoridades judiciales dictaminan que no se ha actuado correctamente al evaluar esos contenidos.

El nuevo Reglamento empezó a negociarse en 2018 tras los atentados terroristas en Paris y Bruselas, y su aplicación es de directa aplicación en todos los estados miembro de la UE, lo que facilitará su rápida entrada en vigor.