El PP y expertos juristas alertan de las consecuencias de la Ley Begoña sobre el sistema de garantías procesales

Bruselas, 8 de abril de 2025.- El Partido Popular y diversos expertos juristas alertaron hoy en Bruselas en la comisión de Libertades del Parlamento Europeo de las consecuencias que tendría el proyecto de ley presentado por el Gobierno conocida como ‘Ley Begoña’ sobre el sistema de garantías procesales.

Durante la sesión, los expertos subrayaron que la acusación popular en España, que permite a las personas jurídicas personarse en los casos judiciales, es una figura de largo arraigo en la tradición jurídica español, que data de 1882 por la desconfianza que históricamente ha suscitado la cercanía de la Fiscalía a los gobiernos. “Es una figura que protege si una Fiscalía mira hacia otro lado y gracias a la cual se han dirimido muchos casos judiciales de importancia, como son los ERE de Andalucía, en las que las acusaciones de personas jurídicas como asociaciones o sindicatos han sido fundamentales”, ha indicado la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.   

En este sentido, se pronunciaron el juez⁠ Alejandro González Mariscal de Gante y el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid ⁠Julio Banacloche; quienes recalcaron que si finalmente se aprueba tal ley se producirá un empeoramiento del sistema de garantías procesales en España.

Los problemas que suscita la Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, también se refieren al deterioro del derecho a la igualdad y a la tutela judicial efectiva.  

“En España está ocurriendo lo inimaginable en cualquier democracia europea: el presidente del Gobierno tiene a su esposa, a su hermano, a su número dos y al Fiscal General del Estado investigados por corrupción”, ha denunciado Montserrat durante su intervención en la comisión de Libertades.

Según la diputada popular, en lugar de asumir responsabilidades políticas, dar explicaciones o convocar elecciones, “Pedro Sánchez intenta protegerse a sí mismo de la Justicia impulsando una ley, la llamada Ley Begoña, que anula el derecho constitucional de todos los ciudadanos y asociaciones civiles a participar en procesos judiciales”.

Puesto que iniciativa representa “una deriva autoritaria en directo” y constituye “un peligro contra la democracia”, limitarse a hacer una mención en el Informe sobre el Estado de Derecho “no es suficiente” por parte de la Comisión.

En este contexto, la portavoz popular ha pedido a la Comisión Europea que valore públicamente las consecuencias que esta reforma legal podría tener sobre el Estado de Derecho en España. Además, se ha dirigido expresamente a Florian Geyer, representante de la Dirección general de Justicia de la Comisión, para aclarar una cuestión clave. “¿Es cierto que la Comisión invita a los Estados Miembro a luchar contra la corrupción eliminando la participación de ciudadanos y asociaciones en la Justicia?”, y es normal que los gobiernos puedan reformar el Código Penal para “protegerse de acusaciones populares?”, ha preguntado Montserrat, cuestionando así la supuesta base europea en la que el Ejecutivo español pretende ampararse.

En este sentido, el representante de la Comisión subrayó que todas las recomendaciones hacia España en materia de Estado de Derecho están especificadas en los informes publicados anualmente, dejando claro así que no hay recomendación alguna sobre esta cuestión.

La eurodiputada ha concluido su intervención apelando al papel vigilante de las instituciones comunitarias: “Europa no puede mirar hacia otro lado cuando se pone en riesgo el equilibrio institucional y los principios fundamentales del Estado de Derecho”.

Para el eurodiputado del Partido Popular Javier Zarzalejos ha subrayado que el tema “ya tiene una dimensión europea” y ha señalado que la iniciativa legislativa en cuestión se ha presentado como proposición de ley “precisamente para evitar el trámite de consulta a los órganos institucionales”, lo que, a su juicio, demuestra una clara intención de esquivar los controles democráticos.

Según el también presidente de la comisión de Libertades, el texto contiene tres elementos especialmente preocupantes. En primer lugar, “deja sin contenido una institución constitucional como es la acusación popular”, ha dicho, recordando que esta figura está reconocida en la Constitución española y no puede ser suprimida mediante una simple reforma legislativa.

En segundo lugar, Zarzalejos ha advertido de que la nueva ley “impedirá que los medios de comunicación puedan seguir cumpliendo su función de denuncia pública”, una práctica “con sólida tradición en la democracia española” y que ha sido clave en la lucha contra la corrupción.

El tercer aspecto, que el eurodiputado ha calificado como “aparentemente menor, pero de enorme trascendencia”, es que la aprobación de esta ley “supondría el desmantelamiento de los procesos judiciales actualmente en curso que afectan directamente al Partido Socialista o al entorno familiar del presidente del Gobierno”.

Zarzalejos ha valorado positivamente que este debate se esté produciendo en un foro europeo, “con la participación de expertos académicos y con aportaciones de distintos grupos políticos”, aunque ningún jurista progresista ha aceptado la invitación de venir a defender esta ley del Gobierno.

En su intervención, también ha cuestionado el papel del Ministerio Fiscal en el contexto actual: “Tenemos una Fiscalía seriamente cuestionada, y nadie puede apostar hoy por su independencia”, ha afirmado.

El eurodiputado ha concluido asegurando que el próximo informe sobre el Estado de Derecho que prepara la Comisión Europea para el mes de julio tendrá “mucho contenido en lo que respecta a España”, no solo por las recomendaciones previas que siguen sin cumplirse, sino también por las reformas que el Ejecutivo pretende impulsar. “Por nuestra parte, haremos todo lo posible para que no se lleguen a hacer”, ha zanjado.

Por su parte, Juan Ignacio Zoido ha reclamado a la Comisión Europea que reaccione ante lo que considera “una deriva autoritaria” del Gobierno de España. Esta tendencia, a juicio del eurodiputado popular, tiene el nombre “de los amigos y familiares del señor Sánchez que están envueltos en numerosos casos de corrupción”.

En este sentido, ha añadido que “el listado de delitos por los que están siendo investigados por la justicia cubre la práctica totalidad del Código Penal”. Por eso, el exministro del Interior asegura que las acusaciones de lawfare de Sánchez sobre los jueces son “una falacia populista recurrente y una amenaza al Estado de derecho”.

Para Zoido, frenar “derivas autoritarias que ya ocurrieron en Hungría o en Polonia” es fundamental. En su opinión, y apelando a la responsabilidad y el deber de actuar, esta labor también debería asumirse desde las instituciones europeas "y no mirar hacia otro lado".

El periodista de El Mundo Iñaki Ellakuría asimismo puso el acento sobre los aspectos de la ley que se refieren a los medios de comunicación, que otorgan un poder de decisión del Gobierno sobre quiénes son medios reales y quienes son “pseudo medios”.