El PP ofrece al sector turístico su apoyo para lograr suspender el “Gran hermano” impuesto por Marlaska a los turistas

Bruselas, 09 de diciembre de 2024 .- El Partido Popular ofreció hoy al sector turístico su apoyo para lograr que el Ministerio del Interior recule y suspenda el nuevo registro de turistas, que supone la recopilación de hasta 42 datos sensibles de los usuarios de hoteles, alojamientos turísticos, agencias de viajes y alquiler de vehículos a motor.

Los eurodiputados populares Borja Giménez y Elena Nevado han mantenido una serie de reuniones con el sector para conocer de primera mano cómo están viviendo las nuevas obligaciones que les impone el Real Decreto 933/2021 desde el pasado 2 de diciembre, y con el objetivo de explorar formas de detener esta norma inaudita en el ámbito europeo.

“El sector no entiende a qué viene el empecinamiento del gobierno para crear este macroregistro -- a costa de las empresas-- si la colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado siempre ha sido perfecta y nunca se ha necesitado ir más allá. Ni es una decisión europea, ni tan siquiera cuenta con ejemplos similares en ningún país de Europa. Es otro disparate de gestión del Gobierno, que es además peligroso para la competitividad de España frente a otros mercados turísticos”, manifestó Giménez Larraz.

Además del efecto económico, todo parece indicar que podría vulnerar la legislación europea sobre protección de datos, que es especialmente exigente en los aspectos de seguridad. Este aspecto fue denunciado precisamente por la portavoz del PP, Dolors Montserrat, y la eurodiputada Rosa Estarás a finales de octubre ante la Comisión Europea, que debe verificar que cumple correctamente la normativa europea de protección de datos por la que se garantiza la seguridad y la confidencialidad de las informaciones personales.

El presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, Gabriel García Alonso, destacó que están preparando un pliego de alegaciones, que deben presentarse antes del 13 de este mes, en el que argumentarán que es un “disparate” y aparentemente “contrario a derecho” que se obligue a las entidades privadas pasar de la recolección de unos 12 datos a 42, asumiendo además la responsabilidad de estos datos.

El Secretario General de la Mesa del Turismo de España, Carlos Abella, destacó que el Real Decreto es actualmente de “imposible cumplimiento” para el sector, principalmente, porque las empresas no tienen la capacidad de verificar la exactitud de los datos, ni de conservarlos durante tres años de manera segura.

Por este motivo, Abella reclamó que en primer lugar se excluya del ámbito del
Decreto aquellos sectores para los que se había pedido la exoneración desde el principio, como son el sector de congresos y las agencias de viajes. En el primer caso porque se manejan grupos grandes que pueden cambiar y en el segundo, porque los cambios de los elementos de la reserva pueden ser ilimitados entre el momento de la reserva y la prestación del servicio.

El sector confía en que sus alegaciones hagan cambiar al Ministerio pero no puede entender por qué no se han recogido sus peticiones si todos estos temas ya han estado sobre la mesa desde 2021. En este sentido, confía en que sigan sin aplicarse como hasta ahora las multas por infracciones graves de hasta 43.000 euros en caso de vulneración que contempla el Decreto.

La ronda de contactos, que continuará mañana, incluye además al presidente de la Asociación Nacional de Balnearios, ANBAL, Miguel Mirones, y Secretario General de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Ramón Estalella.