El Parlamento Europeo y la presidencia francesa de la UE acuerdan la nueva normativa de funcionamiento de Europol

La Unión Europea ha aprobado hoy el nuevo reglamento que rige la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) para adaptar sus capacidades a un panorama de seguridad en constante evolución que no era previsible cuando los colegisladores negociaron el actual mandato de la Agencia en 2016.

El acuerdo se ha alcanzado hoy durante una reunión entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE (donde están representados los gobiernos de los 27 países de la UE), y permitirá la posibilidad de que Europol intercambie datos personales con entidades privadas y pueda atajar la difusión a gran escala, a través de plataformas en línea, de contenidos terroristas (por ejemplo, la difusión en tiempo real de los asesinatos en Christchurch, Nueva Zelanda).

Pero, además, el equipo negociador del Parlamento, liderado por el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos como ponente de la reforma, ha conseguido también incluir la cooperación con entidades privadas para luchar contra el abuso a menores en la red (a partir de ahora, por ejemplo, Europol podrá recibir datos directamente de organizaciones privadas que luchan contra el abuso a menores y esto agilizará enormemente la labor de detección, rescate de las víctimas y detención de los depredadores sexuales). 

Es un hecho que los datos recopilados en las investigaciones policiales y judiciales han estado aumentando en tamaño y complejidad en los últimos años y que los Estados miembros recurren a Europol para llevar a cabo el análisis de dichos datos. Por este motivo y en cumplimiento de las exigencias puestas de manifiesto por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, urgía dotar a la Agencia de una base legal que le permitiera llevar a cabo el procesamiento de estos datos grandes y complejos. 

Tras los asesinatos de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia y del periodista eslovaco Jan Kuciak, el Parlamento Europeo había insistido en que era necesario que Europol pudiese tomar la iniciativa e instar a los Estados miembros a que iniciasen investigaciones en delitos que lesionan un interés común de la Unión sin la exigencia del requisito de la dimensión trasfronteriza del delito en cuestión. Así, el nuevo reglamento establece que el Director de Europol podrá solicitar a un Estado miembro que inicie una investigación de un delito que lesione un interés común sin necesidad de que el delito afecte a más de uno de los Estados miembros.

Gracias a esta nueva normativa, Europol se convertirá, además, en un verdadero centro de innovación e investigación que sirva para reforzar las capacidades tecnológicas de la Unión en la lucha contra el crimen.

Esta nueva regulación también refuerza la cooperación de Europol con la Fiscalía Europea y con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para detectar el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

También se introducen cambios en el Sistema de Información de Schengen (SIS) y es que Europol podrá solicitar a los Estados miembros que emitan alertas en el SIS basadas en su análisis de información y datos que haya recibido de terceros países y organizaciones internacionales sobre combatientes terroristas extranjeros o sobre personas involucradas en la delincuencia organizada y el terrorismo. 

Por último, como las competencias y los recursos de Europol se amplían, los colegisladores han considerado que es fundamental que se refuercen los mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo.

Así, a partir de ahora, el Parlamento será invitado más a menudo a las reuniones del Consejo de Administración de Europol. También se incluye, a propuesta del Parlamento, la creación de un nuevo puesto de oficial que asista al actual Responsable de la Protección de Datos que ya preveía la antigua regulación de Europol; la creación de un puesto de  Responsable de Derechos Humanos que monitoree el respeto por parte de la Agencia de los Derechos fundamentales en el desarrollo de sus competencias; y, por último, la creación de un Consejo consultivo independiente que preste asesoramiento en materia de respecto de derechos humanos.