La UE acuerda una nueva legislación que permitirá a los operadores digitales usar tecnologías para detectar materiales que contengan abusos a menores y extorsiones con fines sexuales a menores

La Unión Europea (UE) acordó hoy la aprobación de una derogación temporal de varias disposiciones de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (e-privacy) que permitirá a los proveedores de servicios de comunicaciones, bajo determinadas circunstancias, seguir usando de manera voluntaria tecnologías específicas para la detección, eliminación y denuncia de casos de abusos sexuales de menores producidos online.

El acuerdo se alcanzó durante una reunión entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de la UE (donde están representados los gobiernos de los 27 países de la UE) y tras meses de intensas negociaciones para asegurar la cooperación de las compañías digitales después de la entrada en vigor del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas el pasado 21 de diciembre de 2020.

La lucha contra el abuso sexual a menores en línea se ha convertido en una prioridad para las instituciones europeas. El año pasado, la Comisión Europea anunciaba con pesar que la Unión Europea se convirtió en 2019 en el mayor centro de pornografía infantil del mundo. Según los informes de Europol, a lo largo del último año y debido a que durante la pandemia los niños están pasando más tiempo con sus ordenadores, el intercambio de material de abuso a menores en la red ha crecido aún más. En 2020, el reputado Centro estadounidense para niños desaparecidos y explotados (NCMEC en sus siglas en inglés) recibió más de un millón de informes relacionados con casos de explotación sexual de niños en la UE, lo que se tradujo en que cada 15 minutos este centro reportó un presunto caso de abuso a menores a Europol.

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, que ha negociado este dosier en nombre del Grupo Popular Europeo (el mayoritario del Parlamento Europeo), explicó que “con estos alarmantes datos sobre la mesa es evidente la importancia del acuerdo alcanzado. Especial mención merece el consenso interinstitucional alcanzado para habilitar el uso de tecnologías que permiten detectar acoso a menores (el llamado “grooming”) para forzarles a producir material de contenido sexual o para atraerles a un encuentro en los que se producen agresiones sexuales y abusos”.

Además, las plataformas de internet podrán seguir usando herramientas tecnológicas para detectar imágenes y vídeos con contenido abusivo que ya ha sido detectado con anterioridad pero que sigue disponible en distintos lugares de la red. Este tipo de materiales produce una segunda victimización de la víctima de abusos sexuales.

El acuerdo prevé toda una serie de salvaguardias para proteger la privacidad de las comunicaciones de los usuarios de estos operadores y para garantizar que el procesamiento de datos se restringe a lo estrictamente necesario para detectar este tipo de materiales.  Así, los proveedores de servicios, cuando quieran usar una tecnología concreta para estos fines, estarán obligados a realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos y una consulta previa a la autoridad de control competente. Además de estos requisitos, en el caso de las tecnologías que se usan para detectar “grooming” o extorsión sexual a menores, los proveedores de servicios tendrán que atenerse a requisitos más estrictos. 

Con el objetivo de no dificultar y retrasar más la importante labor de detectar este tipo de contenidos de abusos a menores, se prevé un período de gracia de ocho meses para aquellas empresas que, con anterioridad o en el mes siguiente a la entrada en vigor de esta nueva reglamentación, hayan iniciado estos procedimientos con la autoridad de control competente.

Se incluye también la salvaguarda de que los proveedores garanticen una supervisión humana generalizada sobre el funcionamiento de las tecnologías utilizadas y los resultados que éstas obtienen. Además, esta supervisión humana será obligatoria cada vez que se reporte un caso de grooming o extorsión a las autoridades competentes o a las ONG que actúan en favor de los derechos de los niños.

Con este acuerdo se pretende dar una solución temporal a estas empresas, pero la Comisión Europea ya anunció en julio del año pasado que trabaja en una nueva legislación comunitaria para luchar eficazmente contra los abusos sexuales de menores en línea.