PP exige a la Comisión Europea que estudie la imputación de García Ortiz como desviación del Estado de Derecho

Bruselas, 18 de febrero de 2025.-   La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo y vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat, ha solicitado al comisario de Justicia, Michael McGrath, que estudie la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, como desviación del Estado de Derecho en España.

En una misiva, Montserrat informa al comisario de que, a pesar de estar imputado penalmente por revelación de secretos para dañar a la oposición política, el Fiscal General se niega a renunciar en medio del clamor de asociaciones de fiscales que le piden su dimisión inmediata. 

“Es evidente que la permanencia del Fiscal General, pese a su imputación, podría vulnerar el principio de independencia judicial (art. 19 TUE, art. 47 CDFUE, jurisprudencia TJUE). Pero es que, además, compromete directamente la percepción de independencia del Ministerio Fiscal y mina la confianza de la sociedad en el sistema”, recalca. 

Asimismo, le transmite los hechos conocidos durante la instrucción relativos a la eliminación masiva de mensajes de correo electrónico y WhatsApp por parte de García Ortiz, no una vez, sino dos veces el pasado 16 de octubre,” lo que podría ser constitutivo de encubrimiento o destrucción de pruebas (arts. 413 y 451 del Código Penal) y demuestra un comportamiento de obstrucción a la justicia”.

“Pero aún más grave, comisario, no es tanto que un miembro de las altas instituciones del Estado en el ejercicio de su cargo sea sospechoso, sino que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, contribuya a su protección y ataque sistemáticamente la labor de los jueces”, recalcó Montserrat. 

Desde la llegada al cargo de Mc Grath, la líder popular le ha mantenido plenamente informado de la grave situación de España. En diciembre pasado le pidió la intervención de la Comisión Europea, que es competente para pedir explicaciones a los Estados que se desvían del Estado de Derecho, “porque los ataques a los jueces desde el Gobierno dañan la democracia y contribuyen a debilitar el Estado de Derecho en la UE”. 

Las preocupaciones de entonces se han agravado, y ahora “la Comisión debe emplear los mecanismos disponibles para proteger los valores fundamentales de la Unión, pues está en juego nuestra credibilidad”, consideró la eurodiputada.  “Un poder judicial independiente es esencial para asegurar que quienes cometan actos de corrupción sean llevados ante la justicia, sin importar lo influyentes que puedan ser”, recalcó.  

En este sentido, consideró que mantener en su cargo a un fiscal general con una actitud completamente contraria a los principios de actuación del Ministerio Fiscal en un procedimiento penal dinamita la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de Derecho en Europa. 

Asimismo, ha aprovechado para informarle las dudas que existen sobre las actuaciones del Tribunal Constitucional (TC) y, en especial, de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, muy cercano al Gobierno. Ha dado cuenta en ese sentido de la demanda presentada por el PP ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respecto a su sentencia sobre la limitación de funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la prórroga de su mandato.

 Montserrat defiende en la misiva que si un tribunal actúa de forma arbitraria, se pone en riesgo la legalidad europea. “La independencia del poder judicial implica la ausencia de presiones externas, incluidas las políticas.  Pero detrás de todo ello está el hecho ineludible de que el Gobierno de Pedro Sánchez, mediante procedimientos parlamentarios acelerados que limitan el debate público y parlamentario, lleva a cabo reformas legales que afectan el corazón del Estado de Derecho”, añade. 

Finalmente, Montserrat recalca que en estos momentos geoestratégicos, donde los populistas destruyen la imagen de las instituciones, “es responsabilidad de todos demostrar a los ciudadanos que nadie está por encima de la ley, incluidos los políticos, fiscales o jueces del Tribunal Constitucional”.