El PP impulsa que el Parlamento Europeo estudie la denuncia de los jueces españoles sobre la reforma del CGPJ

El PP ha pedido hoy que el Parlamento Europeo discuta formalmente la queja presentada esta semana a la Comisión Europea por tres asociaciones de jueces españoles sobre la posible violación del estado de derecho en la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteada por el gobierno.

La petición se ha producido en el Grupo de Trabajo parlamentario responsable de evaluar las posibles amenazas contra la democracia, el estado de derecho y las libertades fundamentales en los 27 países de la UE (Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group -DRFMG-, en su denominación oficial en inglés).

La decisión final sobre la celebración de un debate formal sobre la denuncia presentada por las asociaciones de jueces, que representan a 2.500 magistrados españoles, se tomará previsiblemente en la próxima reunión del Grupo de Trabajo, prevista para el 29 de abril.

Tras evaluar este asunto, el Grupo de Trabajo podría dar un paso más y proponer a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo que tome diferentes medidas, entre ellas redactar una resolución del Parlamento Europeo sobre este tema, mantener reuniones con las asociaciones de jueces que han presentado la denuncia, o enviar una misión de investigación a España.

El eurodiputado Javier Zarzalejos, miembro de la Comisión de Libertades Civiles y Justicia, ha explicado que “lamentablemente hay indicios suficientes de que las reformas planteadas por el gobierno de Pedro Sánchez en el ámbito judicial suponen una violación de los principios del estado de derecho, que son uno de los pilares fundamentales de la UE, por lo que procede realizar una evaluación al respecto desde la perspectiva europea”.

“Cuando la mitad de los jueces españoles promueven esta denuncia ante la UE, es que algo grave está ocurriendo. La arrogancia del gobierno desafiando los principios de la Unión sobre el estado de derecho es insostenible y produce un grave daño político y de reputación a España”, ha añadido Zarzalejos.