El Parlamento Europeo pide a la Comisión Europea que siga examinando si las reformas del CGPJ planteadas por el gobierno incumplen las normas de la UE

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado hoy a la Comisión Europea que siga examinando si las reformas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteadas por el gobierno infringen la legislación europea respecto al estado de derecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) o las recomendaciones de la propia Comisión Europea. También ha decidido informar al Congreso de los Diputados y al Senado del debate planteado a nivel europeo sobre estas reformas.

Asimismo, la Comisión de Peticiones, que preside la popular Dolors Montserrat, se dirigirá a la Comisión de Libertades Civiles del propio Parlamento Europeo para que este asunto sea también examinado en el Grupo de Monitoreo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales.

La Comisión de Peticiones ha debatido hoy las reformas del CGPJ a raíz de una petición presentada por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que ha alertado de que las reformas planteadas por el gobierno en los últimos meses amenazan la independencia de los jueves y la separación de poderes en España.

Durante el debate de hoy, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ha defendido que se siga examinando esta petición, ya que “los estándares europeos establecen que al menos la mitad de los miembros de los consejos de la judicatura tienen que ser jueces de todas las categorías elegidos por jueces; y en España la elección por el Parlamento de todos los miembros del CGPJ se aparta de este criterio”.

Zarzalejos ha recordado que el gobierno “no sólo no acepta reformar la elección de los miembros del CGPJ de acuerdo con esos criterios de independencia, sino que ha querido rebajar la mayoría necesaria para elegir a sus miembros para asegurarse que solo con su mayoría, sin contar con ningún acuerdo con la oposición, pudiera elegir a todos los componentes de este órgano”.

Aunque el gobierno ha desistido de este propósito, ha explicado Zarzalejos, “ha aprobado una ley que reduce injustificadamente las potestades del CGPJ”.

El problema, ha resumido, “no es la falta de un acuerdo sobre los nombres de las personas que deban integrar el CGPJ, sino cómo se reforma este órgano para adaptarlo plenamente a las exigencias del Estado de Derecho, tal y como han sido formuladas por la Unión Europea y el Consejo de Europa”.

“No queremos que la situación del CGPJ se prolongue; es una situación que será revisada y analizada en el inminente segundo informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea y que tiene que resolverse mediante un acuerdo de buena fe que sea respetuoso con las exigencias democráticas más estrictas, que son a la vez la garantía de la independencia judicial”, ha concluido Javier Zarzalejos.